El Gobierno reconoce que sólo ha ayudado a tres víctimas del robo de bebés en los últimos cuatro años

Madrid

Preguntado por cómo está ayudando a los denunciantes del robo de bebés en nuestro país, el ejecutivo central destaca la apertura de un servicio de información hace cuatro años y que, desde entonces, ha ayudado a tres personas a encontrar a su familia biológica. Es el contenido de la respuesta que ha dado por escrito el Gobierno a una pregunta de la diputada de Unidos Podemos, Isabel Salud, realizada el pasado mes de agosto. 

La diputada de la formación morada preguntó el pasado mes de agosto al ejecutivo de Mariano Rajoy por la implementación de las recomendaciones realizadas tanto por la ONU como por el Parlamento Europeo sobre el robo de bebés, preguntando también si el Gobierno tenía intención de reconocerles como víctimas. 

En su respuesta a cómo aplica las recomendaciones hechas por Naciones Unidas en octubre de 2013 y más tarde en junio de 2014, el Gobierno contesta poniendo sobre la mesa la puestas en marcha por parte del Ministerio de Justicia, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, de un servicio de información a afectados en febrero de ese mismo año, varios meses antes. Un servicio que, explica la respuesta, tiene como objetivo "facilitar datos relativos a posibles sustracciones de recién nacidos", citando entre otras fuentes los registros civiles y hospitales, incorporando también perfiles genéticos a la base de datos del Instituto Nacional de Toxicología a esperar una coincidencia genética.  

La respuesta escrita pone cifras a este servicio: "Se puede concluir que en dos de los expedientes tramitados, las personas que buscaban sus orígenes biológicos los han encontrado", y añade que "en otro, el progenitor ha encontrado a su hijo biológico, constando que se trataba de hijos en situación de abandono, y en el otro no estando clara la situación". A continuación, añade que "el Gobierno no es un juzgado o tribunal y, por lo tanto, no es de su competencia valorar hechos y menos aún instruir y juzgar". 

Medidas a finales de 2012

Fue a finales de 2012 cuando el entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puso en marcha una serie de medidas para atender la ingente cantidad de denuncias de víctimas de este supuesto robo de bebés durante el franquismo y también los primeros años de la democracia. Un fichero de ADN a cargo del Instituto de Toxicología y una oficina de atención a los demandantes para, entre otras cosas, centralizar información reclamada, por ejemplo procedente de los registros civiles. 

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Unos meses después, en septiembre de 2013, el relator de la ONU para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición recorría España reuniéndose con autoridades y asociaciones y terminaba emitiendo un demoledor informe en el que, entre otras cosas, instaba a nuestro país a neutralizar la Ley de Amnistía de 1977 para acabar con lo que definió como "una lamentable impunidad". Criticó entonces la ONU que España sólo hubiese dado "tímidos pasos" para investigar las desapariciones forzadas: el informe final llegó en junio de 2014. 

A finales del año pasado, según informó la agencia Europa Press, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunció que visitaría España este mes de febrero para pedir que se tomen medidas en la investigación del robo de bebés. Esta misma Comisión ha pedido a la Nunciatura Apostólica en España que facilite el acceso de los afectados a sus registros y archivos documentales.