El Gobierno aprueba el Real Decreto Ley sobre el régimen de estibadores

Madrid

El Consejo de Ministros ha dado este viernes luz verde al nuevo Decreto Ley que regula el régimen de los estibadores. Antes de esta nueva reforma, en palabras del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el sector de los estibadores era el único del país en el que "no existía libertad de contratación". Un hecho que le valió a España que el Tribunal de Luxemburgo instase al Gobierno a modificar la ley de Puertos.

"Se nos pidió que se pudiese contratar libremente a trabajadores en este sector (...) El hecho de no haber cumplido con esta sentencia hace que la Comisión Europea haya impuesto una multa 21,5 millones de euros y una cuota 134.107 euros cada día hasta que se lleve a cabo la reforma legal y sin fecha límite para seguir pagando", ha apuntado de la Serna antes de anunciar la aprobación de la reforma.

Con el sistema actual, según ha explicado el ministro, las empresas estibadoras están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP), en cuyo capital están, además, obligadas a participar. Esto es lo que la justicia europea obligaba a cambiar y lo que pretender regular el nuevo sistema aprobado este viernes. El nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia).

"El Gobierno lleva cerca de dos años negociando y dialogando con sindicatos y patronal. Se han mantenido muchas reuniones para formular un Decreto Ley con acuerdo. Ese diálogo nos ha permitido llevar esta nueva regulación a la CE, que es la que tiene que dar el visto bueno al cumplimiento de la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Hemos incorporado todas las peticiones de sindicatos y patronal que la CE nos ha permitido (...) Hemos ido hasta el límite máximo que nos ha permitido la CE", ha llegado a afirmar el titular de Fomento, que ha lamentado que los sindicatos hayan mantenidos posiciones inamovibles en determinados aspectos a la vez que ha instado a estos y a la patronal a intensificar sus conversaciones en la mesa de negociación colectiva.

"En este campo hay todavía margen para llegar a acuerdo. Es en esa mesa de negociación colectiva en la que se deben alcanzar acuerdos que garanticen la estabilidad del empleo", ha afirmado de la Serna, que ha anunciado además que el Gobierno estará presente en esta negociación representado en la figura de un mediador imparcial.

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Esta nueva legislación tendrá un periodo transitorio de aplicación de tres años por mandato de la Comisión Europea. Las empresas podrán contratar desde la aplicación de la regulación a un 75% de la SAGEP, el segundo año ese porcentaje se reducirá al 50%, el tercero al 25% y el cuarto año ya habrá libertad plena de contratación. Además, esta nueva ley establece un sistema de compensaciones en el que las propias Autoridades Portuarias se hacen cargo de los derechos de los trabajadores. "Esta asunción de las indemnizaciones es un paso muy importante de cara a las empresas y a los propios trabajadores", ha reiterado el ministro.

Responsabilidad a oposición y trabajadores

Tras explicar cómo es la nueva legislación de los estibadores y cómo modifica el panorama en los puertos, Íñigo de la Serna ha pedido responsabilidad tanto a la oposición como a los propios trabajadores. La amenaza de la multa ha sido el primer aviso que ha mandado el ministro a los grupos de la oposición.

"Tenemos que cumplir con una sentencia contra el reino de España, sería la primera vez que incumplimos un mandato de Europa. Supondría una multa coercitiva de 134.000 euros que saldrían del bolsillo de los españoles. Nadie quiere que se acumulen las deudas del Gobierno. Tenemos que cumplir esa sentencia", ha recordado el ministro.

Respecto a los trabajadores, De la Serna ha querido advertir de los "efectos colaterales" que tendría convocar una huelga en el sector.  "Una huelga no ayuda nada al proceso de negociación abierto. Es un proceso de presión que no favorece el clima (...) Me gustaría decir dos cosas: una huelga de estas características produce un daño importante y además tiene efectos colaterales. Cuando aparece un aviso de estas características, se toman decisiones respecto al transporte de mercancías. Ante una situación de huelga, algunos pueden buscar otros puertos para transportar sus mercancias y al final estos puertos podrían convertirse en opciones definitivas", ha sentenciado.