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Jordi Montull propone al fiscal rebajar la pena a su hija a cambio de inculpar a CDC

El que fuera 'mano derecha' del expresidente del Palau de la Música (Fèlix Millet) ha propuesto un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija a cambio de confesar su implicación y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC

Jordi Montull, dispuesto a confesar que Convergencia cobraba comisiones del 3% / ATLAS

Jordi Montull, mano derecha del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, ha propuesto a última hora un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija, que afronta 26 años de cárcel, a cambio de confesar su implicación en el expolio y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC.

Según han confirmado fuentes próximas a las negociaciones, en marcha desde hace días, la defensa de Jordi Montull y de su hija Gemma, exdirectora financiera del Palau, ha ofrecido ese acuerdo a la Fiscalía que, a cambio de la confesión, podría acabar rebajando su petición de pena en las conclusiones definitivas del juicio, que se inicia mañana con el trámite de cuestiones previas.

Jordi Montull, que al igual que Millet ha negado siempre cualquier relación de CDC con el presunto pago de comisiones a través del Palau, busca con ese pacto atenuar una eventual condena a prisión de su hija, que no es previsible que llegue a disfrutar de los beneficios penitenciarios de los que su padre y el propio Millet podrían ser merecedores por su edad y su precario estado de salud.

De cerrarse el acuerdo, el fiscal podría rebajar hasta los tres años de cárcel -dos de ellos sustituibles por multa- su petición de condena de Gemma Montull mediante la aplicación de circunstancias atenuantes, previsiblemente una de ellas la de confesión.

El objetivo de la defensa de los Montull sería implicar en ese posible pacto al resto de acusaciones particulares y populares, para asegurarse así que el tribunal no pueda imponer a la exdirectora financiera una pena superior a la acordada.

De hecho, según apuntan las fuentes, representantes de las cinco acusaciones personadas en la causa se han encontrado en una reunión celebrada la semana pasada en la que exploraron las posibilidades de ese acuerdo propuesto por los Montull.

Ese acuerdo entre todas las acusaciones parece difícil, teniendo en cuenta que una de ellas es la del Palau de la Música, que pide 81 años de cárcel para Millet, Montull y la hija de éste, sin exigir a CDC ninguna responsabilidad por los 6,6 millones de euros en comisiones de la constructora Ferrovial que el juez cree se embolsó la formación a través de la entidad cultural.

Otra de las acusaciones que podrían plantear un escollo para el pacto con los Montull es la del Consorcio del Palau de la Música, entidad que vehicula los fondos públicos de que se nutre la entidad cultural y de la que forman parte la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona.

El acuerdo, de fructificar, se materializaría en una rebaja de petición de penas en el trámite de conclusiones definitivas, al término del juicio, previsto para finales de junio, una vez la sala haya tenido ocasión de escuchar la declaración de los acusados, que empezará el 8 de marzo con el esperado interrogatorio de Millet y los Montull, así como a los testigos y peritos del caso.

Fuentes conocedoras de la negociación señalan que en ningún caso está previsto que acusaciones y defensas pacten acuerdos de conformidad, ni siquiera parciales, que eviten la celebración del juicio.

El expolio del Palau de la Música, cifrado en más de 30 millones de euros, sienta desde este miércoles en el banquillo a los exresponsables de la entidad, así como al extesorero de CDC Daniel Osàcar, que afronta siete años y medio de prisión por su papel de mediador en el supuesto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la formación a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Jordi Pujol.

La extinta formación convergente afronta el juicio con quince de sus sedes embargadas por el juez, para asegurar que haga frente a una eventual condena como responsable civil a título lucrativo del saqueo.

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