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El sumario del 3% destapa 19 contratos amañados e implica al exconsejero Gordó

El diputado del PdCat presionó a Repsol para que donase 30.000 euros

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas saluda al exconseller de Justicia, Germà Gordó. / ()

Las últimas revelaciones incorporadas al sumario del 3%, basado en el cruce de los datos de la contabilidad de las fundaciones de Convergència y las libretas, agendas digitales y papeles manuscritos requisados a empresarios y al tesorero del partido catalán, destapan un escándalo mayor. El supuesto amaño de hasta 19 contratos entre 2010 y 2015 por decenas de millones de euros en administraciones gobernadas por Convergència , como la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y su vinculación con hasta 20 donaciones de casi 700.000 euros a las fundaciones del partido nacionalista.

Los últimos datos, incorporados hace varias semanas al sumario del 3%, coloca en una situación muy comprometida a Germà Gordó, exmiembro de la 'Fundación Catdem' desde 2004 hasta al menos 2010, exgerente de Convergència Democrática, exConsejero de Justicia de Cataluña y ahora diputado autonómico. Gordó era, según la investigación judicial basada en documentación requisada a los empresarios que recibían las adjudicaciones, la persona a la que recurrían como mediador o conseguidor, junto al tesorero de Convergència, Andreu Viloca, para permitir el acceso de empresas concretas privadas a determinadas licitaciones públicas que en algunos casos resultan irregulares".

Los investigadores han propuesto al juez, hasta ahora sin éxito, que autorice la intervención de dispositivos móviles al dirigente político así como la entrada y registro de su vivienda. Los investigadores ponen de manifiesto en su informe los indicios que apuntan a que Gordó desarrolla un papel de intermediario entre las empresas privadas y las administraciones públicas controladas por su partido, y que desempeñó este papel hasta 2013.

La Guardia Civil sostiene que el que fue mano derecha de Artur Mas y la persona a la que el expresident sigue defendiendo públicamente era un "elemento necesario para conseguir mediante su influencia política adjudicaciones fraudulentas y alteradas de obras públicas en las administraciones licitadoras donde su partido CDC tenia responsabilidades directas como poder adjudicador de contratación pública".

El último documento aportado al juez del caso detalla un total de 19 presuntos casos de corrupción en la adjudicación de obras públicas y asistencias técnicas en Cataluña. Uno de los casos más sorprendentes detalla que Germà Gordó llegó a presionar a directivos de la mercantil Repsol para conseguir que realizasen una donación de 30.000.

Gordó, según el informe, obligó a la compañía a aportar en forma de donación al partido CDC 30.000 euros que, según los investigadores, el grupo se había negado a realizar en un primer momento. Los investigadores concluyen que consiguió hacer cambiar de opinión al propio consejo de administración que no quería participar en la "donación" en un primer momento.

El Juez del Juzgado del Vendrell que lleva el caso del 3% tiene en el informe algunos ejemplos que acreditan la participación de Gordó en multitud de gestiones, reuniones, comidas e interlocuciones con empresarios investigados que han conseguido contratos públicos y donado dinero a las fundaciones de Convergència.

Un dato singular y esclarecedor para los investigadores es que algunos empresarios investigados como Josep Manuel Bassols o Sergio Lerma, ambos directivos de 'Oproler', una de las empresas beneficiadas por obra pública en Cataluña, utilizasen sobrenombres y apodos para dirigirse al diputado. Entre los nombres falsos que utilizan en los correos los constructores para referirse a Gordó están 'Gregorio' o 'Gerardo'. En la documentación entregada al juez figuran algunas evidencias de la entrega de regalos a Gordó entre los que se incluye la invitación a una cacería.

La Guardia civil sostiene que hay indicios y evidencias suficientes de que el diputado de Convergència, que de momento no está imputado en la causa, cometió delitos de cohecho, de tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Los casos de corrupción en la denuncia

La investigación incorporada recientemente al sumario incluye hasta 19 casos de corrupción en los que se apuntan delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y alteraciones de precios en concursos y subastas públicas. En todos los casos se ve el mismo modus operandi a la hora de contratar e idénticos protagonistas. Administraciones públicas gobernadas por Convergència, como la Autoridad Portuaria de Barcelona, el Consorcio de Educacion compuesto por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, o la empresa pública municipal BIMSA y unos empresarios dispuestos a efectuar pagos de comisiones para conseguir adjudicaciones de obras a través de un 'mediador' con gran ascendencia dentro de la organización política.

Finalmente el encargado de controlar todos los pagos es el tesorero de la formación política, Andreu Viloca. A lo largo de la investigación ha quedado acreditado que Andreu Viloca, administrador y tesorero de CDC y de la 'Fundación Catdem', llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública ofrecidas por distintas Administraciones de CDC de forma que controla "en una primera instancia y de forma sistemática" los pagos encubiertos que recibe CDC que son según los investigadores verdaderos "cohechos bajo la apariencia de donaciones" a través de sus fundaciones 'Catdem' y 'Fórum Barcelona'.

Tanto Viloca como Gordó no tenían competencias sobre los concursos de obra pública de las distintas administraciones y, sin embargo, mantenían reuniones previas a la adjudicación de los contratos con los empresarios beneficiarios. En algunos casos, los empresarios conocen el resultado del concurso mucho antes de que este se haga público. La investigación intervino en el despacho de Viloca numerosa documentación de esos concursos públicos.

Hay constancia además, como 'paradigma' del tráfico de influencias, de que muchas de las reuniones concretadas por los empresarios con el ex tesorero de CDC, Andreu Viloca, como con el diputado Germà Gordó o el que fuera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives i Tomás, se hayan producido en la misma sede de Convergència de la calle Córcega, o en dependencias oficiales de las Administraciones Públicas como la sede del Palau de la Generalitat.

Las mordidas que acredita el informe

  • Caso Lluis Peguera, que es una licitación de la obra del Instituto de Lluis de Peguera de Manresa, de la entidad 'Infraestructures.cat' dependiente de la Generalitat, adjudicada a la UTE formada por Oproler y el grupo Soler. Según los investigadores es uno de los casos más evidentes de la participación de Germà Gordó. Todos los datos fueron incautados en la agenda que se localizó al directivo de OPROLER, Josep Manel Bassols Puig. Según aparece en la investigación, en esta libreta aparece un parte comercial en el cual Bassols obtiene un "compromiso de otra obra para el año 2012 procedente de Germa Gordó, al que llaman con el apodo de "Gregorio", 24 días antes a la publicación oficial de esta obra. El día 26 de julio del 2012 en el correo electrónico de Bassols hay un correo en el que se habla de una cita de otro directivo de OPROLER, Sergio Lerma, con un alto directivo del grupo SOLER y Germà Gordó. La reunión según esta prueba documentada se realizó en el Palau de la Generalitat de la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, sede del Gobierno de la Generalitat.
  • Caso Pasquina. En este caso la contratación es de la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, S.A. A través de Correos electrónicos, la Guardia Civil tiene constatado la influencia de Germà Gordó para que la empresa 'Pasquina' sea la beneficiaría en la adjudicación de estos contratos. En los emails se puede comprobar las citas con las reuniones celebradas entre Gordó y el gerente de la empresa. La primera según estas pruebas tuvo lugar el 6 de abril del año 2011. En este caso los investigadores tienen constatado además que Félix Pasquina continuó las reuniones con el extesorero de CDC, Andreu Viloca, y con Josep Antoni Rosell , exdirector general de Infraestructures.cat, en fechas próximas a la publicación de las licitaciones. Finalmente la empresa recibió una adjudicación de 7,2 millones de euros. Como contraprestación Félix Pasquina ingresó a la Fundación Catdem 104.000 euros en el año 2014 y 45.000 euros en el año 2015, según la investigación.
  • Caso Consorcio de Educación. Se trata de un contrato para el mantenimiento de edificios escolares públicos en la ciudad de Barcelona. La investigación afirma que en las agendas personales de Xabier Tauler, de la mercantil COPISA, aparecen anotaciones que evidencian la participación directa del parlamentario y exconsejero de Justicia Germà Gordó i Aubarell en la adjudicación de este contrato a la empresa COPISA. Según la investigación, hubo varias reuniones en las que participó con el objetivo de pactar adjudicaciones a cambio de una entrega de dinero, encubierta en forma de donación, a las dos fundaciones de CDC, 'CatDem' y 'Forum Barcelona'. En este caso, COPISA entregó al extesorero Andreu Viloca dos cheques de 25.000 euros. La primera entrega tuvo lugar el 18 de abril del 2012, inmediatamente después de una reunión entre Viloca y el directivo de Copisa. El 27 de junio de ese mismo año la segunda entrega.
  • Caso APB Dique del Este. Una obra para el refuerzo del talud de un dique del puerto de Barcelona cuya entidad contratante es la autoridad portuaria de Barcelona. En ese momento la presidencia de la Autoridad Portuaria de Barcelona recae sobre dos personas que tienen especial relevancia dentro Convergència: Sixte Cambre y Antoni Vives. La investigación ha corroborado una sucesión de citas y reuniones que, según los investigadores, evidentemente "corresponden con gestiones previas efectuadas entre el directivo de COPISA Xavier Tauler, Germà Gordó, y Andreu Viloca,  orientadas a conseguir la licitación". La donación a Convergència a cambio de esta obra, según la investigación, fue de 50.000 euros a cargo de la empresa COPISA. Todas las citas están anotadas en la agenda del directivo de COPISA.
  • Caso APB Accesos Sur. Atañe a la licitación para las obras de nuevos accesos a la ampliación sur del puerto de Barcelona. En este caso los contactos de COPISA son con el secretario general de la presidencia de la Generalitat de Cataluña en el año 2013 y con José Antonio Carbonell, director general de la Autoridad Portuaria de Barcelona. La adjudicación tuvo como recompensa dos donaciones de 30.000 euros cada una por parte de COPISA, a las fundaciones instrumentales de Convergència.
  • Caso Plaza Glorias. Para la realización de una serie de obras que atañen al proyecto de unos túneles en la plaza de les Gloríes. En este caso concreto la constructora COPISA "habría obtenido información privilegiada del senador Josep Sánchez LLibre". De nuevo la agenda de Tauler revela que la reunión para esta licitación se celebró donde estaba la sede de Convergència en la calle Córcega. En este caso la 'donación' que se hizo al partido fue de 115.000 euros.
  • Caso Avenida Paralel. En esta contratación, los datos que manejan los investigadores aparecen en la agenda del ex tesorero Andreu Viloca. Previamente a la publicación del concurso se celebra una reunión entre Viloca y el constructor Tauler, del que trasciende un primer ingreso por parte de la empresa de 50.000 euros. Después se pagaron otros 60.000 euros. Los beneficiarios son la Fundación Catdem y la Fundación Forum de Barcelona, ambas de Convergència.

Convergència, a juzgar por estas informaciones incorporadas al procedimiento a las que ha tenido acceso la Cadena SER, aprovechó el agujero que dejó abierto en las fundaciones la ley de financiación de partidos. Este informe apenas atiende a una veintena de contratos y cuatro empresas privadas favorecidas. Entre ellas y en apenas cuatro años, donaron casi 700.000 euros a las fundaciones de Convergència, que era una manera de financiar al partido sin saltarse la ley. Hay que recordar que la norma evitaba que contratistas públicos, como estas empresas, realizasen donaciones directamente a los partidos, pero sí podían hacerlo a las fundaciones, cosa que ocurrió en este caso.

La SER se ha puesto en contacto con Germà Gordó. El exconseller de Artur Mas rechaza las acusaciones y subraya que nunca ha tenido competencia en materia de contratos de obra pública, ni en el Gobierno ni en el partido. Gordó también niega presiones a Repsol o a cualquier otra empresa para que hiciera donaciones a la fundación que investiga la Guardia Civil.

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