La Fiscalía pide encarcelar a la guardia pretoriana de Pujol por corromper tres municipios barceloneses
Pide 45 años y 8 meses de cárcel y más de 77 millones en multas para los once acusados de participar en tres pelotazos urbanísticos en tres municipios de Barcelona: la mayor petición es para el exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez 'Luigi'
El exdiputado socialista Luis García Sáez (d), presunto cerebro de la trama del "caso Pretoria", acompañado del presidente de la comisión de investigación sobre corrupción y fraude fiscal del Parlament, David Fernández (i) / Toni Albir (EFE)
Madrid
Tres pelotazos urbanísticos y un contrato de limpieza amañado que, según la Fiscalía, generaron un beneficio ilegal de casi dieciocho millones de euros y movieron otros seis y medio en comisiones. En su escrito de acusación contra los once encausados por el conocido como 'caso Pretoria', Anticorrupción pide un total de 45 años y 8 meses de prisión y más de 77 millones de euros en multas por delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Son los números de la trama de corrupción que supuestamente encabezaba Luis Andrés García Sáez, diputado regional del PSC en Cataluña en la década de los ochenta que en su vertiente de "conseguidor" de contratos una vez en la empresa privada, según la Fiscalía, era conocido como 'Luigi'. Los empresarios tenían "asumido", dice en su escrito, que los contratos públicos pasaban por sus manos y su influencia sobre cargos públicos: "Para resultar adjudicatarios, debían contar con su autorización inmediata", explica Anticorrupción sobre el poder que tenía.
<p>En octubre de 2009 el entonces alcalde de Santa Coloma fue detenido y enviado a prisión por el juez Garzón</p>
En ese contexto, siempre según la Fiscalía, se fraguó una alianza de políticos retirados, políticos en activo y empresarios que buscó enriquecerse a costa de las arcas públicas de tres municipios barceloneses: Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras. Nombres como el del alcalde Bartomeu Muñoz, su concejal de Urbanismo Manuel Dobarco o el que fue secretario de presidencia con Jordi Pujol en los ochenta, Lluis Penafreta, forman para la Fiscalía parte de este entramado bautizado como Pretoria por ser considerados la guardia pretoriana del expresident.
El escrito de Anticorrupción pone bajo la lupa tres pelotazos urbanísticos y un contrato público:
1 - OPERACIÓN PALLARESA-CUBICS. En el año 2001, el consistorio de Santa Coloma ponía en marcha un proyecto urbanístico en La Pallaresa, que incluía 13.000 metros cuadrados de terreno y una licitación de once millones de euros. El alcalde Bartomeu Muñoz, 'Luigi', y el concejal Dobarco habrían conseguido que la adjudicación cayese en su órbita empresarial, a pesar de no cumplir varios requisitos. A través de la ingeniería financiera, los acusados habrían conseguido que el dinero y los terrenos acabasen en manos de sociedades holandesas debidamente recalificados, esquivando incluso las pregunta de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat.
2 - OPERACIÓN NIESMA. Dos años más tarde, el consistorio de San Andrés de Llavanares sacaba a concurso dos fincas en Can Riviere: 'Luigi', supuestamente, utilizaba fondos obtenidos en la anterior operación para hacerse con las fincas y después la trama conseguía modificar el ordenamiento urbano del municipio y firmar un convenio de colaboración urbanística que iba mejorando con el tiempo en contra de los intereses públicos, revalorización incluída. En este caso, la trama habría contado con la colaboración de Ginés Carbó, entonces coordinador del Plan Territorial de Barcelona para superar el filtro de la Comisión, cuyos posibles delitos han prescrito.
3 - OPERACIÓN BADALONA. El gobierno municipal de esta localidad barcelonesa planeaba utilizar dos fincas heredadas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer un puerto deportivo, licitando ambas por más de once millones de euros. Los acusados, supuestamente, maniobraron para que el consistorio utilizase una financiación de un fondo detrás del cual se escondían varios de ellos: la finca terminó vendida a dos sociedades que habrían pagado comisiones a Penafreta, además de un contrato fallido con una empresa de 'Luigi'.
Junto con estos tres pelotazos urbanísticos muy rentables para la trama, la Fiscalía también acusa al exalcalde de Santa Coloma de amañar un contrato de limpieza a cambio de una comisión entregada en maletines.
Comisiones, multa y blanqueo
La operación estalló en octubre de 2009 con la detención y encarcelamiento preventivo de varios acusados bajo la batuta del juez Baltasar Garzón tras dos años de investigación. Según la Fiscalía, todas estas operaciones generaron un beneficio ilegal de más de 17 millones de euros para los acusados, especialmente para Luis Andrés García y Lluis Penafreta, y otros 6 millones y medio en comisiones por intermediar en las adjudicaciones, traducido todo en delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales: parte del dinero acabó oculto a la Hacienda Pública, incluso en Suiza, Andorra o las Islas Caimán.
En la lista de acusados de la Fiscalía figuran once personas y ocho sociedades que supuestamente participaron en todos estos delitos. La petición más alta de cárcel es para 'Luigi' (ocho años de cárcel), con Lluis Penafreta, Macià Alavedra y Bartomeu Muñoz (seis años y diez meses) en segundo lugar. Para el exconcejal Dobarco, varios empresarios, testaferros e incluso familiares de los principales acusados las peticiones de cárcel van desde los once meses hasta los tres años y medio de prisión. En total solicita más de 77 millones de euros en concepto de multas, tanto por los delitos cometidos como por el IRPF defraudado.
<p>Una investigación a centenares de cuentas de posibles evasores fiscales llevó a Anticorrupción hasta los cabecillas de esta trama</p>
La Fiscalía atribuye a cada uno un papel más o menos protagonista, definiendo cómo la trama se habría convertido en un poder fáctico de la política municipal de estas tres localidades barcelonesas: la relación entre 'Luigi' y el alcalde de Santa Coloma era tan fluida que, dice el Ministerio Público, que era el primero quien "dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas de este Ayuntamiento que Muñoz asumía como propias, percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas comisiones". Penafrea y Alavedra controlaban "el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones" también.
