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La moratoria antidesahucios para los más vulnerables se prorroga hasta 2020

El PSOE ha logrado que el ejecutivo prolongue tres años más esta suspensión y ha ampliado los colectivos más vulnerables a deudores en paro y familias con víctimas de violencia de género

El PSOE ha logrado que el Gobierno prorrogue tres años más la suspensión de los desahucios para los más vulnerables. La moratoria actual vencía el próximo mes de mayo y el Ejecutivo sólo estaba dispuesto a mantenerla hasta 2019.

Esta es una de las medidas contenidas en el Real Decreto Ley que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que refuerza la protección de los colectivos más vulnerables que han perdido su vivienda habitual. Como novedad, se incluyen los deudores en situación de desempleo, familias monoparentales con hijos y aquellas en las que exista una víctima de violencia de género.

Otros colectivos que ya estaban contemplados son las familias numerosas, los deudores mayores de 60 años y las familias con discapacitados o dependientes a cargo. Otra de las medidas introducidas por los socialistas es la posibilidad de que la persona que pierde su vivienda pueda quedarse a vivir en ella en régimen de alquiler o pueda recuperarla con más facilidades de pago.

El Gobierno ya acordó un par de prórrogas desde 2013 y ahora estaba dispuesto a extenderlo tres años más, pero el PSOE ha condicionado su sí al decreto a que la moratoria actual se amplíe hasta 2020. Además, se extiende la protección de las familias más vulnerables a aquellas con víctimas de violencia de género, las que tengan un deudor en situación de desempleo, las monoparentales con hijos a cargo y en las que existan menores de edad.

El Ejecutivo razona su decisión en que "en el momento actual sigue siendo necesario hacer frente a la situación de aquellas familias que continúan sufriendo la adversidad económica, lo que justifica que se amplíe el ámbito subjetivo del Código de Buenas Prácticas. La ampliación del plazo de suspensión de lanzamientos, cuya finalización es inminente, se hace igualmente necesaria. El plazo previsto finalizará el 15 de mayo de 2017 por lo que recurrir al real decreto ley como vehículo normativo para ampliar este plazo por otros dos años, está totalmente justificado", ha asegurado este real decreto en su exposición de motivos. El código de buenas prácticas integra la batería de medidas que activó el Gobierno en 2012 para hacer frente al problema de los desahucios.

El real decreto negociado entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el portavoz de economía del grupo socialista, Pedro Saura, también permite que las familias que han perdido su vivienda puedan vivir en ella en régimen de alquiler por una renta anual que no supere el 3% del valor de tasación en el momento de la ejecución del crédito o que puedan recuperar la vivienda compartiendo pérdidas con el banco. La duración del alquiler puede llegar a cinco años ampliables a otros cinco.

El Gobierno se ha comprometido, en un plazo de ocho meses, a facilitar las medidas necesarias para que los deudores que lo deseen puedan recuperar su vivienda habitual. Según el real decreto, "las medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda misma, la posibilidad de que se descuenten del mismo una parte de las cantidades satisfechas por el ejecutado para la amortización del préstamo o crédito origen de la ejecución y las mejoras realizadas a su cargo durante el período en el que estuvo suspendido el lanzamiento, así como otros factores que garanticen un precio equitativo en la recuperación de la vivienda, evitando situaciones de asimetría en este proceso".

Estas nuevas medidas implican a los bancos y familias que se acogieron al llamado "Código de Buenas Prácticas".

El ministro de Economía aseguró recientemente en el congreso que la actual prorroga de dos años acordada en 2015 había beneficiado ya a más de 24.000 familias vulnerables. Además, explicó que los lanzamientos (desahucios) de primeras viviendas habían bajado un 30% debido a la recuperación económica. Desde que el ejecutivo puso en marcha toda la batería de medidas para evitar estas expulsiones, se han beneficiado más de 76.000 ciudadanos, según datos oficiales del ministerio.

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