La pelea de GEO y artificieros para cobrar la pensión de la Cruz al Mérito Policial

Madrid

En los últimos diez años, el Tribunal Supremo ha tenido que obligar al Ministerio del Interior más de cuarenta veces a pagar la pensión correspondiente a miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Unidad de Desactivación de Explosivos que les corresponde al tener la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. En los últimos cuatro meses hasta tres miembros del GEO han tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que se les reconozca la pensión aneja al reconocimiento de esta Cruz que Interior hizo a todo el cuerpo en 1982.

El último caso fue resuelto por la sala de lo contencioso del Supremo a comienzos del mes de marzo: un hombre que, para cuando Interior reconoció la Cruz del Mérito Policial con distintivo rojo a todo el cuerpo el 30 de marzo de 1982, era alumno de la escuela del GEO y fue dado de alta apenas un mes más tarde. El Supremo tumba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y le reconoce el derecho a cobrar esta pensión.

Es un caso idéntico a dos resueltos en marzo y diciembre por la misma sección cuarta de lo contencioso del Supremo: otros dos miembros del GEO que en ese momento estaban en la escuela y que fueron dados de alta apenas un mes más tarde, el 1 de mayo de 1982. En los tres casos, el Supremo esgrime una sentencia de un caso similar resuelto hace cuatro años criticando que no se especificase si estaban destinados de forma provisional o definitiva al GEO: revoca las sentencias anteriores y también la decisión de Interior de no reconocerles la pensión aneja.

Más de cuarenta resoluciones

Según datos consultados en la base de datos del Poder Judicial, en los últimos años el Tribunal Supremo ha dictado más de quince sentencias que afectan a más de cuarenta personas que reclamaban el reconocimiento de esta pensión.

Además de los tres miembros del GEO cuyos casos se han resuelto en los últimos meses, en julio de 2009 el Tribunal Supremo también resolvió hasta nueve casos de miembros del GEO a los que la Abogacía del Estado pedía retirarles esta pensión. En todos los casos el Supremo dio la razón a los recurrentes y confirmó que tenían derecho a la pensión.

Ese mismo mes, el mismo Tribunal Supremo dio la razón a un total de 28 miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos en cuatro sentencias: la primera instancia les había reconocido el derecho y el alto tribunal desestimó los recursos que interpuso la Abogacía del Estado contra esta decisión.