El Supremo no ve delito en el vino que un empresario imputado regaló a varios políticos
El alto tribunal entiende que los regalos que el principal acusado hizo a José Blanco y los senadores Barreiro y De las Heras no comprometieron su función pública: el Supremo también se niega a trazar una línea roja en casos de regalos a políticos
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El eurodiputado socialista José Blanco (c), ponente de la nueva Directiva Europea de Energías Renovables / Luca Piergiovanni EFE
Madrid
El Tribunal Supremo ha decidido dar carpetazo a la rama de la conocida como 'operación Cóndor' que investigaba los vinos de alta gama que el principal imputado hizo a tres cargos políticos: José Blanco, Juan Antonio de las Heras y José Manuel Barreiro. Los jueces entienden que los Vega Sicilia que el empresario Raúl López, presidente de Monbus, hizo a los tres políticos, no comprometió su cargo público ni hay pruebas de que se tradujesen en algún tipo de contrapartida.
Fue la jueza Pilar de Lara la que decidió enviar esta parte del caso desde su juzgado de Lugo hasta el Tribunal Supremo por el aforamiento de los tres receptores de regalos: José Blanco (eurodiputado del PSOE), De las Heras (senador del PP por Guadalajara) y Barrerio (senador del PP por Lugo).
En un mismo auto, la sala de lo penal del Supremo se declara competente para estudiar los hechos por el aforamiento de los tres políticos, y ordena su archivo inmediatamente después: entiende que no hay ninguna conexión entre estos regalos y los cargos públicos que ocupaban entonces los tres.
"La naturaleza de los regalos entregados no puede considerarse excesiva", dicen los jueces, añadiendo que "se encuentra dentro del marco de la adecuación social de los regalos navideños".
Vinos para Feijoo
La investigación que desarrolla la jueza Pilar de Lara en Lugo - magistrada que instruye varios casos de corrupción en Galicia - también ha encontrado regalos del empresario Raúl López, entre otros, al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. En su caso, trece botellas de este vino enviadas entre 2010 y 2013 detectadas por vigilancia aduanera, así como al vicepresidente Alfonso Rueda.
La magistrada investiga una trama de supuesta corrupción que giraría en torno a la empresa de transportes Monbús y en la que se contemplan, entre otros, delitos de blanqueo de capitales.
