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¿Quién vive ahí?

A raíz de la polémica por el director general de Tráfico, repasamos los altos cargos que pueden vivir en las residencias oficiales

Un hombre enseña las llaves de su casa /

¿Hay alguna ley que diga quién tiene derecho a una vivienda del Estado?

No hay una ley específica, según reconocen en el propio Ejecutivo. Existe un decreto de 2002 que establece que los cargos designados por el Gobierno, entre otros, tienen derecho a indemnización si su nombramiento implica un traslado y si lo aprueba el Consejo de Ministros. Eso incluye los gastos de viaje o de instalación si no usan vivienda del Estado. Se da por hecho, por tanto, que pueden ocupar las viviendas aunque no aclara quién tiene derecho a ellas.

Así que un decreto da por hecho que se ocupan viviendas que son parte del patrimonio público pero no se dice quién puede y quién no puede ocuparlas

No se aclara en la ley. De hecho, en La Moncloa admiten que cada ministerio tiene sus normas. Y es verdad, cada departamento tiene su costumbre, que no tiene por qué estar por escrito. Aquí se usa mucho el argumento de la costumbre. Son viviendas propiedad de los ministerios y estos deciden. Otra cosa es que se ocupen, porque hay muchos apartamentos que están vacíos, por lo que dicen los ministerios consultados.

¿No hay un censo para saber cuántas viviendas tiene el gobierno a disposición y cuántas están vacías?

No. Hay que ir preguntando ministerio por ministerio pero no es un dato que den de un día para otro. Se pueden saber los inmuebles que tienen todos los ministerios -eso está en el portal de la transparencia-: los inmuebles, los metros y la ciudad en la que están, pero no su uso, si son viviendas u oficinas. O si están vacíos. Ese dato lo tiene la administración, pero en un portal que no es de acceso público.

Vayamos pues a algunos ministerios, ya que hay que ir ministerio por ministerio

Hay algunos casos en los que, por seguridad, los altos cargos tienen que vivir en la residencia oficial. Ocurre con el presidente del Gobierno, que tiene que vivir en el Palacio de la Moncloa aunque el propio Rajoy se lo pensó cuando llegó a la presidencia. El presidente tiene residencia en Moncloa, como la tiene la vicepresidenta, aunque no la utiliza. El ministro del Interior tiene también que vivir en el ministerio. Hay pabellones que pueden ocupar los ministros en otros departamentos, a pesar de que en muchos casos no lo hagan o lo hacen esporádicamente, cuando por agenda no pueden volver a su casa. Hacienda, por ejemplo, tiene varias residencias disponibles y están todas vacías, aseguran en el departamento. Agricultura tiene un caserón en el ministerio, que no se usa.

En el caso de Interior, que es donde ha surgido la polémica, ¿cómo funciona?

Interior asegura que, “por razones de seguridad”, los altos cargos que tienen vivienda del ministerio son estos: el ministro, el secretario de Estado de Seguridad, los directores generales de la policía y la guardia civil, y el director general de Tráfico. Al margen del caso del director actual de tráfico, cuya polémica hemos ido contando, aseguran en Interior que se ha hecho siempre así, con residencia oficial para ellos. Un argumento que da el ministerio es que resulta menos costoso que vivan en la residencia oficial que pagar la seguridad en sus casas.

A los que se han tenido que trasladar a Madrid y no tienen residencia oficial, ¿se les pagan dietas para el alojamiento?

Asegura el Gobierno que no, que se lo pagan de su bolsillo y les va en el sueldo, que por cierto es muy alto. Los sueldos son públicos, se pueden ver en el portal de la transparencia. El sueldo se decide en función del cargo, no de donde proceda el alto cargo. “No cobran suplementos, complementos o dietas”, afirman en el Ejecutivo. Sólo pueden percibir la cantidad que está en los presupuestos generales según la escala retributiva.

¿Qué ocurre en el ministerio de Defensa?

Hay vivienda para la ministra, que en este caso no utiliza. Los altos cargos civiles no usan residencia oficial. En el caso de los altos mandos militares, la política del ministerio es que la usen por dos razones: la seguridad y también la operatividad, para que tengan acceso a los dispositivos que están solo en los acuartelamientos.

¿Qué pasa con los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que también se tienen que trasladar en muchos casos a Madrid?

De los ocho miembros de la comisión permanente del Poder Judicial, los que viven fuera de Madrid son dos. La casa se la pagan ellos, va en su sueldo. Lo que sí se les paga son los viajes.

En el caso de los diputados, ¿hay residencias oficiales?

Hay solo una para el presidente, en este caso la presidenta del Congreso. No la utiliza. Se ha usado en muy pocas ocasiones. Si algún presidente lo ha usado ha sido, básicamente, por razones de seguridad. En muchos casos, son los vecinos de los altos cargos los que les piden que se vayan del barrio porque las medidas de seguridad les complican mucho su día a día.

A los diputados que son de fuera de Madrid, ¿se les paga por su alojamiento?

Los diputados tienen su asignación constitucional, de 2.800 euros. Muchos cobran más porque tienen cargos en comisiones. A los de Madrid se les paga, además, una indemnización de 800 euros. A los que son de fuera, 1.800. No es una indemnización finalista, no es estrictamente para pagar su alojamiento. Se entiende que es para cubrir los gastos de más que tengan, pero muchos lo utilizan para pagarse alquiler u hotel. De manera que los diputados de fuera de Madrid perciben más dinero en indemnización mientras, por lo que explica el Gobierno, esa circunstancia no se da con secretarios de Estado y directores generales, que tienen su sueldo al margen de donde vengan.

¿Los viajes se los pagan los diputados?

Los viajes se los paga el Congreso de los Diputados.

Y ya que hablamos de leyes, ¿qué incompatibilidades hay?

Está la ley del alto cargo, que entra en otro terreno: quien disfruta una vivienda pública, tiene un pago en especie, pagos que se tienen que tributar. Sostiene la ley que un alto cargo no puede percibir pagos en especie. Otra cosa es quien lo tiene específicamente regulado: por ejemplo, los guardias civiles que viven en los pabellones públicos por cuestiones de seguridad.

¿Ofrece estos datos el Portal de Transparencia?

Al hacer la petición con todos estos datos –conocer si existe una legislación más concreta en la que podría ampararse el Gobierno o si hay un censo de cuántas viviendas tiene el Estado y cuáles están ocupadas o vacías– hay que esperar a los 30 días que tiene el Portal para responder, lo que no significa que en 30 días tengamos respuesta a todo lo que hemos preguntado.

En todo este tiempo, ¿constan preguntas sobre esto mismo, cuántas viviendas tiene el Estado y cuántas se ocupan?

En el Congreso de los Diputados, se preguntan miles de cosas cada año. Explican en el Ejecutivo que han ido a mirar si esto se había preguntado antes por si ya tenían hecho un censo, aunque fuera de legislaturas anteriores. No está. Contaban que nunca se ha preguntado por escrito ni tienen un censo para saber qué es lo que hay.

Esta es la situación en la Administración Central del Estado, al margen de las comunidades autónomas

Y ahí, como con los ministerios, cada una es un mundo. Desde las más opacas a las más transparentes, que tienen sus portales de transparencia en los que puede consultarse las viviendas oficiales, si se pagan o no alquileres a los altos cargos y el uso que se da.

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