El TSJ de Venezuela devuelve las competencias a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha emitido este sábado dos nuevas sentencias por las que devuelve sus competencias a la Asamblea Nacional del país y ha devuelto la inmunidad a los diputados que la conforman
Venezolanos protestan contra la iniciativa del Gobierno de Maduro. / CRISTIAN HERNANDEZ (EFE)
Madrid
El Tribunal Supremo de Venezuela ha anunciado este sábado que renuncia a asumir las funciones del Parlamento, después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera a la corte que revisara la sentencia que retiraba sus poderes a la Asamblea Nacional.
En un comunicado, el Tribunal Supremo venezolano informa de que "suprime" algunas partes de la citada sentencia y deja sin efecto su anterior decisión de asumir las competencias del Parlamento. Suprimió también el contenido de la sentencia con la que había decidido limitar la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional, al considerar que ese privilegio es "incompatible" con el "desacato" en el que persiste por mantener en sus escaños a tres diputados suspendidos por una investigación de fraude en sus elecciones.
La decisión fue anunciada después de que el Consejo de Defensa de la Nación, una instancia de consulta del jefe de Estado, exhortara al TSJ a revisar esas sentencias. Maduro convocó a este Consejo con el objetivo de "resolver" lo que calificó de impasse derivado de la posición del Ministerio Público (MP, Fiscalía) frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuye las funciones del Parlamento, debido a la situación de "desacato" en la que este se encuentra.
El Consejo de Defensa llegó a este consenso pese a que un par de horas antes el propio Maduro había respaldado la decisión del Supremo, garante del cumplimiento de la Constitución venezolana, y la canciller Delcy Rodríguez había previsto acudir a la sede judicial para expresar también el apoyo del Ejecutivo.
Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, "es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".
