Una asociación de abogados se querella contra ocho jueces del Constitucional
La asociación de abogados DRETS entiende que los ocho magistrados cometieron un delito de prevaricación al rechazar los recursos que el gobierno vasco y el gobierno catalán interpusieron contra la reforma del Tribunal Constitucional de 2015
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Los abogados Sergi Blázquez y Agustí Carles tras presentar la querella en el Tribunal Supremo / Alberto Pozas
Madrid
La asociación de abogados DRETS ha pedido este lunes en el Tribunal Supremo que los jueces del pleno del Tribunal Constitucional tengan que ir a dar explicaciones por dos sentencias, ocho de ellos como imputados y otros tres como testigos. Acusan a los magistrados de prevaricar a la hora de rechazar los recursos que tanto el Gobierno vasco como la Generalitat catalana interpusieron contra la reforma legal que permitía al propo Constitucional sancionar a quienes no acaten e incumplan sus resoluciones.
La primera sentencia fue dictada el pasado mes de noviembre y la segunda en diciembre, y ambas rechazaban los recursos interpuestos por ambos ejecutivos contra la Ley 15/2015, que entre otras cosas avalaba la imposición de multas de 3.000 a 30.000 euros a los cargos públicos o autoridades que incumpliesen sus sentencias.
Dijeron entonces los jueces que “no se trata de una medida sancionadora en sentido propio, pues no se impone con una finalidad represiva o retributiva por la realización de una conducta antijurídica, sino como coerción o estímulo para el cumplimiento de un deber jurídico o, lo que es lo mismo, como disuasión para su incumplimiento”. Su finalidad no es imponer una sanción sino “garantizar la efectividad y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional”, explicaban.
Los abogados Sergi Blázquez y Agustí Carles - que se definen como abogados "contra la catalanofobia" - han presentado una querella que acusan a los magistrados del Constitucional de blindar una reforma que "vulnera las garantías del Estado de Derecho".
Piden tres testificales
Los dos abogados han explicado que no cargan contra los tres magistrados que emitieron votos particulares contrarios en las dos sentencias: Adela Asúa, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol. La querella especifica que piden su testifical "no para que den cuenta de sus votos particulares ni sus deliberaciones que son secretas, sino para que expliquen todos los motivos extra-jurídicos y extraconstitucionales que concurrieron a la hora de dictar las dos sentencias".
La Ley Orgánica 15/2015 también sigue su propio recorrido parlamentario: el pasado mes de diciembre una proposición de Ley salió adelante con los votos de Unidos Podemos, PSOE, PNV, ERC y PdeCat para tumbar esta reforma.
