La Fiscalía ultima una querella por sedición contra cargos intermedios de la Generalitat

Madrid

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene prácticamente acabada la querella que va a presentar contra varios funcionarios públicos y mandos intermedios de la Generalitat por delitos sedición, malversación, desobediencia y prevaricación, por destinar recursos a crear las estructuras del separatismo catalán.

Desde 2016, la Fiscalía tiene abiertas unas diligencias de investigación que se presentaran en los próximos días en dos instancias judiciales diferentes. Por una parte, los fiscales presentarán la querella en la Audiencia Nacional contra los funcionarios de la administración catalana y empresarios de otros sectores como sociedades tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad, que han podido favorecer la creación de estructuras para el proceso de desconexión. Por otra parte, el Ministerio Público enviará el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la parte de su investigación que afecta a personas aforadas, ya que la Audiencia Nacional no es competente para esta investigación por su condición de aforados.

Todavía no han trascendido el número de personas -aforadas y no aforadas- contra las que la Fiscalía va a dirigir su acusación, pero la querella pretende esclarecer si se ha producido un perjuicio a las arcas públicas y si se han desobedecido las diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional que prohíben el proceso secesionista catalán.

Hace ahora un año, el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza abrió dos investigaciones sobre los pasos administrativos dados por la Generalitat para poner en pie la Agencia Nacional de Seguridad y la Agencia Tributaria catalana.

La Fiscalía, que dirige ahora Jesús Alonso, como ha adelantado el diario El País, ha enviado una serie de requerimientos a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad contratadas por la Generalitat en las que reclama información sobre los contratos firmados que pueda ser utilizados para el desarrollo del cualesquiera de las estructuras de Estado. También les pide que faciliten aquellos datos que conozcan de otros acuerdos del ejecutivo catalán con compañías de la competencia.

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La Fiscalía pregunta además a los administradores únicos, presidentes, directores generales o apoderados de las empresas tecnológicas y consultoras si “se comunicó a la Generalitat que su creación y puesta en marcha podía estar prohibida por admisión a trámite o sentencias del Tribunal Constitucional”. En caso afirmativo, les reclama que aporten a la investigación “el documento de la empresa solicitando la aclaración y el de la Generalitat contestando a la misma”.

También deberán explicar el procedimiento de contratación, el importe de las aplicaciones informáticas desarrolladas y la forma de pago por parte de la Generalitat. Así mismo, les reclama para que identifiquen “al empleado de la empresa encargado de su activación”, así como “al funcionario de la Generalitat al que se le entregó e instruyó sobre su funcionamiento”.