La caja b del PP de Aguirre ingresó cinco millones en negro para tres elecciones
La caja b del PP de Madrid confiscada en un pendrive a Beltrán Gutiérrez, el gerente de siempre de Esperanza Aguirre, registra ingresos de cinco millones de euros en negro para las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, y en las generales de 2008. En los comicios de 2007, el PP concurrió “dopado” con el doble del dinero declarado al Tribunal de Cuentas, según fuentes cercanas al partido
La caja b electoral del PP en Madrid se nutría con el dinero que la administración autonómica dedicaba a los grupos parlamentarios mediante facturación falsa, con partidas de publicidad de hospitales, pagos directos o a proveedores de servicios al PP por parte de decenas de contratistas con la administración, y a través de Fundescam
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, conversa con el entonces secretario general del partido, Francisco Granados, durante el Comité Regional en la sede del PP en 2010 / EFE
Madrid
La información sobre la caja b del PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, intervenida con motivo de la operación Púnica por la Guardia Civil, en el registro practicado en febrero del año pasado al domicilio del que fuera su gerente de siempre en el partido, Beltrán Gutiérrez Moliner, evidencia que el Partido Popular en Madrid obtuvo ingresos de cinco millones de euros en negro que destinó a tres procesos electorales.
La caja b de Beltrán Gutiérrez en poder del juzgado y cuya información permanece bajo secreto, revela que el PP de Madrid alcanzó el cénit de su financiación ilegal en las elecciones autonómicas de 2007, cuando Esperanza Aguirre obtuvo el mayor porcentaje de votos en unas elecciones regionales en Madrid, con una ventaja de 20 puntos sobre el PSOE.
En aquellos comicios, según la caja b, el Partido Popular de Madrid gastó cerca de 3 millones de euros en negro, mientras que declaró al Tribunal de Cuentas costes electorales por 2.7 millones. Por lo tanto, según fuentes cercanas a este partido, el gasto real fue de casi 6 millones de euros en 2007, al sumar el dinero “a” y el “b”, y la formación conservadora concurrió “dopada” con “casi el doble” del límite del gasto establecido por el Tribunal de Cuentas para aquella convocatoria electoral.
Para las dos elecciones siguientes que figuran en la contabilidad incautada a Beltrán Gutiérrez, las generales de 2008 y las autonómicas de 2011, las cantidades anotadas son significativamente menores, con poco más de 1 millón de euros por cada campaña, según las mismas fuentes, que hay que sumar al dinero “a” declarado al Tribunal de Cuentas. En 2011 fueron 3 millones en blanco, por lo que el gasto real ascendió a algo más de 4 millones de euros. La causa principal del descenso en los ingresos en negro hay que buscarla en la entrada en vigor en julio de 2007, justo después de las elecciones de aquel año, de la ley de financiación de partidos, que endureció el sistema de donaciones y aportaciones.
La mecánica de la financiación ilegal
Documento incautado en el registro al domicilio de Beltrán Gutiérrez Moliner que según los expertos refleja pagos oficiales y en negro en 2007 a las empresas Over y Carat, las dos firmas de servicios electorales principales destinatarias del dinero b del / CADENA SER
La caja b del PP de Madrid recibía fondos en negro mediante fórmulas diversas. La Guardia Civil ha acreditado que el PP de Aguirre empleaba de forma ilícita para gastos de campaña electoral, el dinero público que el parlamento autonómico destinaba a los grupos políticos. Para ello, supuestamente el PP falsificaba facturas, según los investigadores, con las que las empresas proveedoras de servicios electorales cobraban por trabajos no realizados al grupo parlamentario popular.
Otro método público de supuesta financiación ilegal es el ingreso en la caja b de parte del dinero previsto para la publicidad de los hospitales promovidos por Esperanza Aguirre.
Además, la Guardia Civil ha encontrado indicios sólidos de que “decenas” de empresas contratistas con la administración autonómica, colaboraban en la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid. Los pagos se efectuaban de forma directa a la caja b, o a las empresas proveedoras de servicios electorales al PP. Las más importantes de estas últimas son Over y Carat, que solo en las elecciones de 2007, según documentos del sumario, percibieron 0.6 y 1.2 millones en negro respectivamente. Entre las adjudicatarias que pagaban en negro, según la documentación intervenida, se encuentran Acciona, el Grupo Ortiz, Publibus o Sintra.
En cuanto a la fundación Fundescam, la patronal y diversas empresas también canalizaban a través de ella el dinero para las campañas electorales del PP. Fundescam aportaba cerca de 200.000 euros anuales para gasto ordinario, y centenares de miles de euros en campaña. De nuevo en 2007, cuando más dinero negro tuvo el PP de Aguirre, la fundación aportó un total de 1.5 millones de euros.
Otra vez un pendrive
El juez Eloy Velasco encontró el primer indicio claro de financiación ilegal del PP de Madrid en la libreta de quien fuera su secretario general, Francisco Granados, que registraba supuestos ingresos de empresarios y el destino de la mayor parte del dinero b a las siglas BG, que Marjaliza identificó con el gerente, Beltrán Gutiérrez Moliner.
Eso llevó a los investigadores en febrero de 2016 al registro de la sede regional del PP y del domicilio de Gutiérrez, donde fue hallado un pendrive clave en la investigación, ya que contenía perfectamente ordenados los asientos contables de la supuesta caja b del partido, con la identificación de donantes y de las partidas de gasto.
Como sucediera con la Gürtel, donde el “puto pendrive” en palabras del líder, Francisco Correa, fue determinante en la investigación a la trama, el confiscado a Beltrán Gutiérrez ha sido decisivo. En su declaración como imputado durante cerca de tres horas ante el juez, Gutiérrez admitió que el pendrive era suyo, pero negó que hubiera elaborado el contenido. El análisis de los metadatos esclarecerá la autoría.
Los investigadores ven indicios claros de un delito electoral continuado en el exgerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez; el extesorero y exconsejero de Transportes en Madrid, José Ignacio Echeverría; el supuesto líder de la trama, Francisco Granados; y no descartan nuevas imputaciones.
