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Bebés subrogados en la UE, ¿hijos de quién?

  • La Unión Europea afronta el debate sobre el reconocimiento legal de los menores gestados fuera de su territorio
  • Los colectivos en favor de esta técnica denuncian vulneración de derechos humanos y desprotección de los menores
  • Las asociaciones contrarias creen que si la UE aprueba el reconocimiento transfronterizo se estará legalizando la gestación subrogada

Gordon Lake y Manuel Valero juegan con su hija Carmen, nacida de un vientre de alquiler. / ()

El Parlamento Europeo rechazó en 2015 la gestación subrogada por considerar que se trata de una técnica que socava la dignidad de la mujer. Las instituciones comunitarias no tienen competencias para legislar sobre este asunto, que debe decidir cada Estado. Sin embargo, en los próximos meses Bruselas espera reabrir el debate sobre todo en torno a una cuestión; ¿debe la UE reconocer como ciudadanos europeos a los menores gestados en el exterior? En la Unión hay Estados que lo hacen y otros que no.

A nuestro país llegan al año alrededor de mil niños gestados fuera del territorio de la Unión Europea. Más allá del dilema ético, que existe, sobre la subrogación se da a nivel internacional un intenso debate legal. El aumento de casos de personas que viajan desde países donde esta práctica es ilegal (España), hasta otros donde sí se permite (Estados Unidos o México), genera un choque de legislaciones que en algunos casos deja a los menores en un limbo legal.

Francia es el país de la Unión con una regulación más restrictiva. Allí, recurrir a la maternidad por sustitución para ser madre o padre puede conllevar desde una sanción económica, a penas de cárcel. La administración solo puede castigar a las personas que lo hacen en territorio francés, no a los que viajan fuera, pero el problema aparece a la hora de volver. Rafael Montané, ciudadano hispano-francés que reside en Paris, se desplazó a California para gestar a sus dos hijos. La legislación, distinta en cada Estado, provoca que Isabel y Pierre estén reconocidos como sus hijos en España, y no en Francia.

“Nuestros hijos pasaban la frontera de los Pirineos y ya no tenían padre de cara al Estado francés, y nosotros: se acabó. Ya no tenemos hijos”. “Había una flagrante pérdida de derechos para dos menores españoles y europeos cuando pisaban territorio galo”, explica el propio Montané en declaraciones a la Cadena SER. Lo que puede parecer una cuestión burocrática, de mero papeleo en el registro civil, complica las acciones más cotidianas en el día a día.

Ocurre por ejemplo cuando Rafael tiene que llevar a sus hijos al médico. Para la administración, entre un ciudadano francés y un menor gestado por subrogación, no existe relación parental. “En una ocasión tuvimos que operar de urgencia a Isabel en Francia. Para tener la seguridad de que en el hospital reconocerían mi firma como autorización tuve que obviar mi nacionalidad gala. Presenté solo mis papeles españoles, los del país donde los menores sí son reconocidos”. “Si a mis hijos los hubiese tenido que llevar mi marido, que es solo francés, no sé qué habría pasado”.

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia en el año 2014 por el caso de dos menores a los que la administración se negaba a inscribir en el registro civil. Desde ese momento, y gracias a una instrucción del Ministerio de Justicia, en España los consulados están obligados a reconocer a los hijos de nacionales que hayan sido gestados por subrogación en el extranjero. Sin embargo, eso no es una garantía para todos los casos. Jose Borrallo, padre soltero, lo hizo en México. Al llegar a España, se le denegó el registro porque en la partida de nacimiento no aparecía el nombre de una mujer. Dos años después, Leo, que vive en Madrid, sigue teniendo nacionalidad mejicana.

“Sin ciudadanía se les niega todos los derecho básicos que de ella derivan”, denuncia Borrallo para quien salir del país con su hijo puede suponer todo un riesgo. “El consulado argentino nos recomendó que no viajásemos porque a la hora de volver, España nos podría poner algún impedimento”. “Se trataba de un menor residente temporal en España, con nacionalidad mejicana que viajaba a Argentina”, explica intentando trasladar la complejidad burocrática a la que se enfrentaba si decidía subirse al avión y cruzar el charco.

En cualquier caso, la principal inquietud de Jose Borrallo no es no poder viajar con tranquilidad, sino la indefensión en la que quedaría el menor si él falleciera. Al no reconocer su paternidad, España tampoco reconoce vínculo alguno con sus abuelos o tíos. “Si me pasara algo, el menor quedaría en manos de la administración mejicana”, “tendría que reclamar mi madre a México la custodia de su nieto y conseguir una sentencia judicial que le permitiera traerlo de vuelta a nuestro país”.

Rafael Montané, el español residente en Paris padre de dos hijos, comparte la preocupación. “Nuestros vecinos saben que si tenemos un accidente tienen que esconder a los niños y hacerlos llegar a España, de lo contrario, el Estado los mandaría a una familia de acogida en Francia”. La incertidumbre sobre el futuro de los menores ha hecho que Rafael y su marido decidan dejar el país.

Bruselas, decidida a atajar el problema

Las instituciones comunitarias admiten que el derecho de familia es competencia de los estados miembro, sobre todo si se trata de regular las técnicas de reproducción. No existe legislación sobre la gestación subrogada aunque el Parlamento Europeo la ha estudiado en varias ocasiones admitiendo que es necesario equiparar las leyes que afectan al reconocimiento transfronterizo. Para la vicepresidenta de la comisión de Derechos Humanos, Beatriz Becerra, este punto debe ser una prioridad. “Claro que un país puede determinar cuáles son las técnicas de reproducción admisibles y cuáles no, pero eso es claramente compatible con que los niños de padres nacionales de ese país tengan los mismos derechos que el resto”. “Todos tienen que estar registrados”, defiende.

En agosto de 2016, la Comisión Europea aseguró en una respuesta al Parlamento que “el interés superior de los niños nacidos mediante maternidad subrogada debe constituir una consideración primordial”. Por eso, la Comisaria Vera Jourová reconocía seguir de cerca los trabajos que se llevan a cabo en La Haya para que la Comisión aborde el debate y decida si legisla o no sobre la maternidad subrogada y los acuerdos transfronterizos que de ella derivan.

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