Tribunales
Operación Lezo

El fiscal jefe Anticorrupción impone retirar la acusación de organización criminal a Ignacio González

A los únicos efectos de las peticiones de prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, y al resto de detenidos en la operación Lezo. El juez Velasco sortea la imposición y acusa por este delito para acordar los ingresos en la cárcel

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, cuando recibió de manos del Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2009 / EFE

Madrid

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, da una nueva vuelta de tuerca. Ha impuesto a los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, que no acusen del delito de organización criminal a los detenidos por la operación Lezo, a la hora de formular sus peticiones de prisión. Es decir, que cuando este viernes pidan prisión, con toda probabilidad, para Ignacio González, no lo harán por este delito, por expreso deseo de Moix, sino por el resto que también le han sido atribuidos.

Esto no significa, según fuentes jurídicas, que se retire esa acusación a González y al resto de detenidos, porque no ha sido eliminado de la querella. Solo en este momento procesal. A los efectos de las peticiones de prisión.

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Es una cesión de los fiscales del caso, a cambio de que el fiscal jefe accediera a permitir el polémico registro a cuya práctica se oponía en principio y motivó la rebelión de la junta de fiscales Antocorrupción.

Fuentes jurídicas consideran “absurda” la imposición, porque se trata de una “docena de personas que desde hace años”, supuestamente, se han “concertado para delinquir bajo la figura de su líder”, Ignacio González. Y eso, para las mismas fuentes, “solo tiene un nombre, organización criminal”.

Por cierto que el juez Eloy Velasco está soslayando la imposición y acusa por este delito en sus autos por los que ya ha ordenado dos ingresos en prisión. Se trata de la directora financiera del Canal Isabel II, María Fernanda Richmond, a quien ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros, y al exgerente del Canal, Adrián Martín, a prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

 
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