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Operación Lezo

El juez mantiene abiertas siete líneas de investigación contra Ignacio González

El magistrado considera acreditada la financiación ilegal y el blanqueo del PP en las elecciones de 2011, con dinero público y de contratistas con la administración, que emplearon 9 empresas interpuestas para “sanear” las cuentas del PP y “saldar” la deuda del partido. El auto del juez también revela múltiples sobornos en el Caribe, operaciones millonarias de blanqueo, y supuestos negocios con Zaplana que el exministro niega

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos. / Santi Donaire (EFE)

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos.

Madrid

El juez Eloy Velasco, con el apoyo de informes policiales y el testimonio clave de Silvano Corujo, exsubdirector general de la Agencia de Informática de Madrid ICM, afirma en su auto que con el objetivo de "sanear" las cuentas del PP de Madrid y "saldar" una deuda de las elecciones de 2011, Ignacio González pidió un millón de euros a José Martínez Nicolás, el director de la misma empresa pública. Las adjudicatarias con la administración, Indra y la auditora Price, aportaron el dinero y se vieron compensadas con dinero público inflando su facturación. En el caso de Indra, abonó cerca de 700.000 euros a proveedoras de servicios del PP a través de nueve empresas interpuestas. Las mismas que aparecen en la pieza de la financiación ilegal del PP de Aguirre en la Púnica.

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El auto del juez detalla hasta siete líneas de investigación distintas contra González. El cobro de una comisión millonaria por el tren de Navalcarnero; la expansión caribeña del canal con la hipervaloración ficticia de empresas; el campo de golf de Chamberí; operaciones en el caribe, y diversas operativas de blanqueo de capitales. Entre ellas, dos con Eduardo Zaplana. Una para controlar un producto de desinfección de agua a través de sociedades opacas y testaferros; y otra para crear una estructura financiera para lavar capitales ocultos en el extranjero. El entorno de Zaplana niega a la SER que llegara a participar.

Respecto a la supuesta mano derecha de González, Edmundo Sobrino, el auto del juez detalla que con el "absoluto" conocimiento del expresidente madrileño, ejecutó desde la presidencia de la filial americana del canal la compra sobredimensionada de la brasileña Emissao, que les supuso un supuesto lucro de 23 millones, y pagó comisiones ilegales para conseguir proyectos en Panamá, República dominicana, Haití y Colombia. Además, ha intentado ocultar en Inglaterra y Colombia su patrimonio al ser advertido de las investigaciones, y ha influido en directivos de La Razón para tratar de detener la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre el fraude caribeño en el canal. Edmundo Rodríguez también ha influido sobre jueces y trabajadores del canal para que le facilitaran información sobre las investigaciones.

Edmundo Sobrino, admite en las conversaciones grabadas que González estaba "absolutamente" enterado de las operaciones del canal. Y que tenía "algún dinerillo B".

 
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