Rato carga contra la UCO y alega la prescripción de los delitos
Anticorrupción atribuye dos nuevos delitos de malversación y cohecho a Rato y pide que declare.
El Ministerio Público quiere que el exvicepresidente económico con Aznar aclare las revelaciones del último informe de la UCO que le imputa los delitos de cohecho y malversación.
En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso la SER, Rato alega que los delitos estarían prescritos y niega la malversación ya que operaba con empresas privadas
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Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una nueva declaración ante el juez de Rodrigo Rato tras el informe policial que le imputa varios delitos cuando ocupaba el ministerio de economía con Aznar.
La petición se produce a raíz del último informe que la UCO aportado al juez el pasado mes de marzo y donde acusa a Rodrigo Rato de crear y utilizar una estructura de blanqueo a través de empresas en España y paraísos fiscales, actividades que llevó a cabo cuando estaba al frente del FMI. En esa epoca, según acredita el informe de la Guardia Civil, Rato facturó 31 millones de euros a través de la "firma opaca" Cor Comunicación -y así la describe la Agencia Tributaria-. Rato abandonó el FMI días después de que el organismo se interesara por sus negocios en el extranjero.
Dos nuevos delitos contra Rato
Con base a estos indicios, Anticorrupcion pide que comparezca el exvicepresidente del Gobierno ante el juzgado de instrucción 31 de Madrid, que investiga el origen de su fortuna y patrimonio, para que se le informe y preste declaración por los nuevos delitos imputados de cohecho y malversación que se suman al de blanqueo y contra la Hacienda Pública por los que ya estaba siendo investigado.
Por su parte, Rodrigo Rato, en su escrito de alegaciones al que ha tenido acceso la SER, denuncia que la UCO está actuando "a partir de diligencias practicadas en secreto y a espaldas de las defensas" con "naturaleza de carta blanca" por parte del juez instructor.
Como en anteriores ocasiones, Rato insiste en que se trata de una "causa general" sin indicios de criminalidad previos y asegura que el contenido del atestado de la UCO se centra en hechos de finales de los años 90 "ampliamente prescritos" por lo que "no tiene cabida su análisis en el procedimiento" y no constituyen "infracción penal alguna".
Rato también carga contra el análisis policial de la sociedad Cor Comunicación que la Agencia Tributaria tachó de firma constituida de manera opaca. El exvicepresidente del Gobierno alega la prescripción y el archivo de esta pieza por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. "Por tanto -dice Rato- no cabe utilizar el último informe de la UCO para volver a abrir la investigación".
Las privatizaciones de Rato
En su informe, la UCO acusa a Rato de facturar a través de sociedades 83 millones de euros a empresas privatizadas. Según el escrito de defensa de Rato, el hecho de que ostentase un cargo en el Gobierno durante dicho proceso (en referencia a Endesa, Iberia, Repsol, etc.) "no significa que tuviera potestad parar nombrar a los presidentes, ni mucho menos para obligar a dichas entidades para contratar con las empresas del 'Grupo Rato'". Y en caso de que hubiera hecho negocio, "no existe ninguna ley que prohiba a un alto cargo ser accionista de una empresa que contrate con la Administración".
Por tanto -continúa- "no se puede considerar, como pretende la UCO, que los ingresos obtenidos por sociedades participadas -directa o indirectamente- por Rato tengan un origen ilícito" y fija su salida como alto cargo en marzo de 2004 para criticar que la UCo extienda la investigación hasta 2014.
Para Rato, ni el Tribunal, ni la Fiscalía pueden instar a una causa general.
