La Cadena SER reconstruye el interrogatorio a Ignacio González

Madrid

El interrogatorio de la fiscalía anticorrupción al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González se extendió durante tres horas. El juez, Eloy Velasco, no formuló ninguna pregunta. Junto a González fueron llamados a declarar como investigados, entre otros, su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero, que se negaron a responder a ninguna pregunta. El peor momento del expresidente de la Comunidad de Madrid fue cuando se escuchó una conversación con su hermano en la que hablan de facturas a cambio de entrega de dinero en metálico que los investigadores consideran que servían para camuflar entregas de dinero B. Esta es la reconstrucción del interrogatorio a Ignacio González.

1. Presuntas operaciones de blanqueo

Ignacio González recibe una llamada de su hermano que se reprodujo durante el interrogatorio en la que el segundo le pregunta si le pasó la factura porque no la tiene en su declaración del IVA. El expresidente de la Comunidad de Madrid le responde que sí y Pablo hace memoria para explicar a renglón seguido que esa factura ‘tiene que estar’ porque ‘tú me diste el dinero y yo te debí de dar la factura’. Según fuentes de la investigación, este fue el peor momento del interrogatorio a Ignacio González y donde no supo dar explicaciones convincentes.

Anticorrupción sospecha que este tipo de operaciones servían para que el exdirigente del PP de Madrid aflorara dinero B que le entregaba a su hermano y que éste le devolvía mediante la emisión de facturas falsas. De hecho, el juez Eloy Velasco menciona en su auto de prisión esta práctica. En una conversación intervenida al consejero de La Razón, Edmundo Rodríguez y la directiva del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond -ambos imputados- hablan de la “situación económica” del matrimonio González – Lourdes Cavero porque ella considera que “su ritmo de vida no puede sostenerse con los ingresos justificados” pero Edmundo da a entender que tienen “dinerillo B”. Con estos indicios, el juez afirma que Ignacio González “posee gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado que pudiera guardar relación con las supuestas actividades criminales detectadas” y que se han evidenciado “operativas de blanqueo de capitales orientadas a aflorar este dinero en efectivo como préstamos personales ficticios a través de su padre y/o hermano. El expresidente madrileño negó en su interrogatorio que su alto nivel de vida no se compadeciera con sus ingresos. Recordó que sus ingresos procedían de su actividad política, de sus ingresos como columnista de La Razón y abogado, de la herencia de su mujer y de los ingresos de Lourdes Cavero fruto de su actividad profesional.

Otra de las operaciones de blanqueo que figura en el auto del juez de la Audiencia Nacional es la de la creación de una sociedad para canalizar los posibles ingresos fruto de un negocio de depuración de aguas. Según Eloy Velasco, la intención de Ignacio González era la de “acometer esta inversión a través de sociedades opacas o testaferros” y llegó a ofrecerle a Eduardo Zaplana la posibilidad de participar. El principal investigado de la operación Lezo aseguró en su declaración judicial que no se trataba de una operación para blanquear capitales, sino que buscaba un formato societario legal que permitiera que no se conociera a los socios de la sociedad porque cada vez que hace algo, a pesar de que es legal, se siente perseguido por los periodistas. Esta operación, según González, no llegó a fructificar porque no encontró el formato de sociedad que buscaba.

Otra presunta operación de blanqueo que, según González, no llegó a cristalizar fue la de invertir en la firma Auditel. Según los pinchazos telefónicos, él y su hermano planearon comprar “un 20% de la sociedad por una suma de entre 800.000 y 1.000.000 de euros dando a entender a su interlocutor que tendrían ese dinero”. González tampoco reconoció estos hechos y explicó que estudiaron esa posibilidad y que la descartaron. Sobre si disponían o no de esa cantidad de dinero, señaló que su intención, en caso de haber seguido adelante con este proyecto, era la de buscar inversores.

Ignacio González sí que reconoció que culminó con éxito una de las operaciones de las que se le acusa. La inversión en una empresa de gestión de guarderías. Su mujer, Lourdes Cavero aportó mil euros y con ese dinero, según el auto del juez, “habría pasado a controlar el 20% de una sociedad valorada en un millón de euros”. González reconoció la participación en esta firma pero negó cualquier operación relacionada con el blanqueo. Según su versión una amiga de su mujer les ofreció la posibilidad de invertir y les pareció un buen negocio para ofrecérselo a familiares y amigos.

2. Financiación ilegal del PP de Madrid

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y secretario general de los populares madrileños reconoció que en todas las campañas electorales hay que hacer esfuerzos para cuadrar las cuentas. Fue la única concesión que hizo Ignacio González que negó haber pedido dinero a empresas para el partido y aseguró que todos esos esfuerzos que hay que hacer para cuadrar las cuentas se han hecho siempre dentro de la legalidad.

El auto del juez Eloy Velasco revela que el exdirector general de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), Silvano Corujo, reconoció que González le pidió “un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid” en la campaña del año 2011 y que ese dinero se consiguió con los sobrecostes que facturaron a INDRA y Price Water House.

3. Canal Golf

Una de las líneas de investigación más amarradas de la fiscalía anticorrupción y del juez, Eloy Velasco, es la de la construcción y gestión de las instalaciones del golf en el Canal de Isabel II. Según la investigación, bajo su mandato, se modifica el proyecto inicial para construir en los terrenos los campos de golf, a pesar de que no contaban con la licencia municipal porque no reunían los requisitos exigidos. Esta discrepancia se solucionó declarando el “excepcional interés público” mediante una comunicación que el Canal, controlado por Ignacio González, remitió a la vicepresidencia de la CAM, que también ocupaba González. La adjudicataria de la obra fue Dragados que subcontrató con Tecnoconcret, vinculada con Pablo González, hermano del expresidente regional y con José Juan Caballero, su cuñado. Tecnoconcret facturó a Dragados 3,26 millones de euros y, además, terminó siendo adjudicataria en UTE con otras empresas de la gestión de las instalaciones.

Ignacio González se limitó a negar que supiera que su hermano era socio de Tecnoconcret, lo que le valió el reproche de la fiscalía durante el interrogatorio porque, según dijo: ‘¿tenemos cientos de horas de conversaciones suyas grabadas, habla entre 3 y 4 veces al día con su hermano y no sabía que era socio de Tecnoconcret?’. Sí que negó que hubiera blanqueado dinero con esta operación y que cobrar algún dinero en efectivo, tal y como recoge el auto de Velasco que apunta a que González y su familia pudieron desviar 532.000 euros con esta operación.

4. Tren de Navalcarnero

Otra de las líneas de investigación abiertas está en el proyecto de un tranvía hasta Navalcarnero por la que presuntamente, el expresidente madrileño habría recibido una comisión de 1,4 millones de euros en Suiza en una cuenta a nombre del empresario, Adrián de la Joya. Según el auto de prisión dictado por la Audiencia Nacional, se ha ampliado la Comisión Rogatoria remitida a Suiza “para esclarecer los hechos investigados y poder comprobar la realidad de la presunta comisión, la trazabilidad de los fondos, así como la identidad de los beneficiarios últimos”.

En este punto, Ignacio González negó haber recibido ese dinero y pidió a la Fiscalía que preguntara a Adrián de la Joya.

5. Canal de Isabel II en Latinoamérica

La investigación sospecha que Ignacio González encubrió el presunto desvío de dinero público con la compra de Inassa en Latinoamérica en el año 2001, con Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid. Además de este encubrimiento sospecha que participó en el desvío de fondos públicos por la compra por parte del Canal de una sociedad brasileña, Emissao, ya en el año 2013. En ambos casos se pierde el rastro de unos 20 millones de euros.

En una conversación intervenida a Ignacio González, él mismo reconoce que “lo de 2001 sí que fue un pelotazo”. Sobre la operación del año 2013 con González al frente del Canal y Edmundo Rodríguez, consejero de La Razón, como responsable en Latinoamérica, la investigación apunta a que se realizó al margen de los cauces legales establecidos.

Anticorrupción preguntó al cabecilla de la operación Lezo por estas operaciones y por su relación con Edmundo Rodríguez. González explicó que, aunque les une una relación personal, no intervino para que Rodríguez entrara en el Canal pero sí que le ascendió para que se convirtiera en el máximo responsable de la empresa en Latinoamérica. Respecto de la operación del año 2001 en la había incluso un informe en contra del despacho Cuatrecasas explicó que solo revelaba irregularidades formales y no materiales. Que se trataba de una compra incorrecta con pérdidas de dinero pero que nunca supo que alguien se hubiera llevado dinero y, por eso, no hizo nada con ese informe. Respecto de la operación del año 2013, ya bajo su mandato, se defendió alegando que a él solo le informaban, que no estaba en el día a día de las operaciones, ni hacía pliegos, ni adjudicaba nada y que estaba seguro de que todo se hizo conforme a la legalidad vigente. 'Si el Consejo de Gobierno lo tiene que autorizar, lo autorizó y si no lo tiene que autorizar, no lo autorizaría', llegó a afirmar. En este punto saltó el fiscal que le reprochó que el consejo debería haberlo autorizado y no lo hizo. En ese momento se remitió a sus subordinados que eran los que se encargaban de tramitar el expediente: ‘Pregúnteles a ellos’, dijo.

6. Marbella

En el interrogatorio a Ignacio González se le preguntó por las propiedades que tenía en Marbella. El exdirigente popular respondió que tenía una parcela que había vendido y un ático. El dúplex de Estepona que está siendo investigado en esa localidad malagueña para aclarar cómo se pagó.