Colombia abre una investigación por los contratos del Canal en Barranquilla

Madrid

La investigación de la ‘operación Lezo’ ya tiene su instrucción homóloga en Colombia con motivo de los contratos y la actividad de la empresa pública de aguas el Canal de Isabel II (CYII) en Cartagena, Barranquilla o Santa Marta. Bajo la presidencia de Ignacio González, el Canal disparó el volumen de operaciones al otro lado del Atlántico, muchas de ellas bajo sospecha desde la publicación del vídeo de espionaje en Cartagena de Indias en el verano de 2008 que involucraba a González y otros miembros de la cúpula del Canal hoy en prisión, entre ellos, Edmundo Rodríguez Sobrino.

El fiscal general, Néstor Humberto, aseguró desde Bogotá que colabora con la justicia española desde hace tres semanas ya que la investigación “involucra a la sociedad Triple A Barranquilla” además de a otras obras de alcantarillado. Para Humberto Martínez, se trata de “una investigación global sobre un caso de corrupción internacional, que según la línea de investigación que se empieza a trabajar comprometería a ciudadanos de un lado y otro del Atlántico” aseguró.

Con motivo de esta cooperación judicial, Humberto Martínez viajará a Madrid el próximo 16 de mayo para reunirse con su homólogo -o bien Manuel Móix o José Manuel Maza- para intercambiar información. "Hay dos investigaciones que están en curso y hay fiscales asignados" concretó.

Corrupción y malversación

Según el auto de prisión del juez Eloy Velasco, una de las líneas fuertes de la investigación pasa por los negocios bajo la presidencia del Canal de Isabel II de Ignacio González y otros miembros del consejo de la empresa pública "en la expansión del grupo societario por Sudamérica, adquiriendo empresas y adjudicando obra" y que habría supuesto el desvío de fondos públicos.

Los investigadores creen que en Colombia pudo haber operaciones similares a la compraventa ficticia de Emissao en Brasil en la que Edmundo Rodríguez Sobrino,  ex presidente Ejecutivo de Inassa, en connivencia con miembros de Inassa y Canal Extensia, sobrevaloraron el precio de la compra de Emissao y desviaron 23 millones de euros.

La operación contaba con un informe negativo de la consultora KPMG y cuyo contenido conocía Edmundo Rodríguez Sobrino y miembros de los órganos de administración de Canal Extensia y de Inassa, concretamente Adrián Martín López, María Fernanda Richmond, el primero Presidente del Consejo de Administración de Canal Extensia, la directora financiera de Canal Gestión (matriz del grupo CYII) y por el colombiano Diego Fernando García Arias, gerente de Expansión y Nuevos Negocios de Inassa. El informe fue obviado por los responsables de Inassa y Canal Extensia antes de llevar a cabo la compraventa a cuyo acto asistió Diego Fernando García por parte de Soluciones Salinas de Agua.

Por estos negocios se les imputan posibles delitos de malversación y corrupción de las negociaciones, entre otros.

Colombia, clave en las operaciones

La 'operación Lezo' investiga posibles sobornos a cargos y funcionarios públicos en distintos países donde Inassa desarrolla su actividad a cambio de adjudicaciones y contratos públicos en Panamá, República Dominicana, Haití y Colombia. En este país, el auto de prisión cita en concreto contratos en la provincia de Rioacha en su filial ASAA.

Sin embargo, esta no es la única operación que pasa por Colombia. Edmundo Rodríguez, mano derecha de Ignacio González en los negocios de Latinoamérica, habría ocultado parte de su patrimonio también en Colombia. 

También investiga la conexión temporal entre la publicación del video de espionaje de Ignacio González en Colombia en abril del 2009 -fecha de la publicación en la Cadena SER-. Video de una hora de duración que iba acompañado de un dossier en el que se podía leer la referencia del banco Angro Irish Bank, de la sociedad Lauryn Group INC y el bufete Igra y la renuncia de los directivos de la sociedad panameña Lauryn Group en mayo de 2009, un mes después de la publicación del video. 

La policía ha enviado una comisión rogatoria a Suiza para reconstruir el trazo de una comisión que habría pasado por esa cuenta corriente e identificar a los beneficiarios y que podría estar vinculada a un pago a cambio de la concesión del tren Móstoles-Navalcarnero (Madrid) por parte del consejero de OHL Javier López Madrid y del Grupo Villar Mir.