Interior registra 45.000 okupaciones de inmuebles en los últimos 5 años

Madrid

Los delitos y faltas por okupación ilegal de inmuebles ascendieron a 44.430 entre 2012 y 2016, según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso la CADENA SER.

El año pasado, Interior contabilizó 9.998 casos de okupación, un 3,6% menos que la cifra récord de 10.376 de 2015. La cantidad es inferior también a la de 2014, cuando se registraron 10.084, pero está por encima de los delitos y faltas por okupaciones de 2013 (7.739) y de 2012 (6.233), años duros de la crisis.

Para explicar el alcance de estas cifras, Interior remite al artículo 245 del Código Penal que recoge la okupación. "Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena" y "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular", reza el artículo.

Los principales bancos del país reconocen que la okupación les supone un problema. Fuentes del sector apuntan a que sólo la okupación que soporta Bankia, de las más afectadas, alcanza a alrededor de 5.000 inmuebles. Banco Popular tiene por su parte 1.923 activos okupados. El resto de entidades cotizadas declina dar datos de okupaciones.

Sí ofrece sus números la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuyos miembros han "realojado" a más de 3.500 familias en viviendas vacías de entidades financieras rescatadas. En total, han "recuperado" cerca 50 edificios en los últimos cuatro años, según Carlos Macías, portavoz de la PAH.

En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2011, hay casi 3,5 millones de viviendas vacías en total, no sólo de bancos.

En opinión de Macías, "se está estigmatizando la okupación, cuando estamos hablando de familias que okupan por necesidad" y es la "consecuencia de no haber hecho políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda en los últimos 60 años". El portavoz de la PAH atribuye la okupación a la ausencia de un parque público de viviendas de alquiler social "decente", a no haber introducido como condición en el rescate a la banca que las viviendas vacías pasaran a manos públicas para garantizar ese alquiler, y al rechazo a la ILP que impulsó la plataforma. Además, apunta a la subida del precio del alquiler, "que hace imposible que la gente pueda seguir pagando".

Coincide con Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario y experto en Vivienda, quien cree que "detrás de la okupación hay una abundancia de hogares que no encuentran donde alojarse". Rodríguez sostiene que hay un aumento de la demanda y un incremento de los precios que dificulta el acceso a la vivienda a más familias. Señala asimismo a la "carestía de vivienda para alquilar, un tanto afectada por la aparición de los pisos turísticos que son viviendas que se retiran de la oferta". Y pide también un "importante" parque social de viviendas en alquiler a nivel municipal.

Desde la patronal de los bancos, la Asociación Española de Banca (AEB), su portavoz, José Luis Martínez Campuzano, considera que la okupación "es un problema que afecta a toda la sociedad, no sólo a los bancos", ya que no sólo se okupan inmuebles de entidades de crédito, sino también de otros actores "del sector privado, de otras familias o del sector público". Defiende que el sector tiene "una importante sensibilidad social, hemos aportado viviendas al Fondo Social de Viviendas y estamos negociando, de modo que en los últimos años los bancos de la AEB han ayudado a casi un millón de familias a mantener su vivienda". No obstante, subraya que "la okupación violenta es un delito y todos los interlocutores tienen que buscar soluciones".