Los fiscales conservadores defienden la gestión de Moix al frente de Anticorrupción

Madrid

La asociación conservadora, mayoritaria en representación en el Consejo Fiscal, ha explicado ante la oleada de críticas vertidas que “las maniobras externas y claramente intencionadas que sólo pretenden cercenar el trabajo de los fiscales de esa Fiscalía, la Asociación de Fiscales quiere expresamente manifestar su apoyo a todos los compañeros que trabajan en la misma y, en especial, a quienes en este momento se ven perturbados y cuestionados en el desarrollo de su actividad”.

Además, los fiscales consideran que las críticas a dicha Fiscalía no pueden poner en entredicho la labor de la Fiscalía como órgano constitucional y garante de la legalidad. “No parece tolerable, dicen, “que, con la excusa de concretas actuaciones, se cuestione de forma genérica a la carrera fiscal y se le adjetive como mano del Gobierno u órgano carente de imparcialidad".

El comicado asegura que “no es esa la realidad de esta Institución en general, ni de la Fiscalía Especial Anticorrupción en particular, sino defender la legalidad ante los tribunales de justicia, velando por los derechos de los justiciables, la mayoría de las veces con un esfuerzo considerable de sus miembros, ante la escasez de medios materiales y personales”. En poco ayuda al buen hacer de la Justicia descalificaciones infundadas que, además de demostrar un absoluto desconocimiento de la Institución, tienen la finalidad espuria de deslegitimar el funcionamiento de un operador jurídico altamente cualificado y esencial en el Estado de Derecho.

Investigar filtraciones

La asociación ha querido además expresar su preocupación por las filtraciones a la prensa de asuntos que están siendo investigados y reclama al fiscal general que “adopte las medidas necesarias para averiguar el origen de las filtraciones y depurar las responsabilidades pertinentes” . Según su opinión, “además de entorpecer las investigaciones existentes, se traslada con ello a la opinión pública una preocupación y crispación innecesarias, y se ocasionan así graves perjuicios a los responsables de la investigación, dificultando el digno ejercicio de su función y provocando un daño irreparable al buen fin de la Administración de Justicia”.