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El Congreso constituye este jueves las comisiones de investigación sobre la financiación ilegal del PP y el rescate

Ambas comisiones buscan depurar responsabilidades políticas en un formato que obliga a los citados a comparecer y decir verdad. Las dificultades de los grupos para acordar las presidencias anticipan el juego de pactos y estrategias políticas que puede condicionar el trabajo de las investigaciones parlamentarias

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso / ()

Con un Gobierno en minoría asediado por la corrupción, el Congreso constituye este jueves dos comisiones parlamentarias que analizarán dos de los mayores escándalos de la reciente etapa política del país. Y lo harán en un formato, el de comisión de investigación, que obliga legalmente a los comparecientes a acudir a la Cámara y a declarar verdad, bajo riesgo de incurrir en delito. La constitución de ambas comisiones, unida a la que ya funciona sobre la presunta policía política en el Ministerio del Interior, supondrá un hecho inédito en la historia del Congreso, ya que nunca ha habido tres investigaciones parlamentarias en marcha de forma simultánea.

La comisión sobre la caja B del PP -donde los populares han situado a su número tres, Fernando Martínez Maíllo- analizará la financiación ilegal del PP, las redes de donaciones irregulares para depurar posibles responsabilidades políticas y la adjudicación de contratos públicos ante el escándalo social y mediático de los casos de corrupción.

La del rescate financiero, por su parte, pondrá la lupa sobre la génesis de la burbuja inmobiliaria, el estallido de la crisis, y la gestión del rescate financiero en un período que abarca los gobiernos de Aznar y de Zapatero.

Las dificultades para acordar quiénes deben presidir ambas comisiones, en particular la de la financiación ilegal del PP, han marcado los últimos días con intensos contactos entre los grupos que se podrían mantener hasta el último minuto y que si no concluyen con acuerdo, acabarán forzando una votación en el propio acto de constitución que tendrá lugar una vez finalizado el pleno de este jueves.

Una circunstancia, la de las estrategias políticas y el juego de pactos y vetos cruzados que podría condicionar los trabajos en unas investigaciones parlamentarias cuyas decisiones se adoptan por mayoría, y que por tanto admiten todo tipo de sumas aritméticas para decidir listados de comparececientes, calendarios y solicitudes de documentación. De hecho, la comparecencia del propio Rajoy se perfila como el primer caballo de batalla en la de la caja B del PP. El PSOE quiere que el presidente acuda al Congreso antes de finales de mayo, el PP es partidario de posponerla a su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.

En los últimos días, y hasta la víspera de la constitución de las comisiones, ha habido contactos intensos entre los grupos para intentar pactar quiénes presidirán ambas comisiones. El nombre de Jordi Xuclá, representante del Partido Demócrata Catalán en el Grupo Mixto, se barajó con el visto bueno del PP, pero suscita los recelos de PSOE y Ciudadanos que no consideran adecuado que presida una comisión sobre financiación ilegal en pleno escándalo del caso Pujol. Ciudadanos, por su parte, apostaba por presidir la comisión del rescate financiero frente a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, apoyada por populares y socialistas. En las últimas horas, la formación de Albert Rivera y Unidos Podemos exploraban también vías de acuerdo alternativo para las presidencias, frente a los partidos mayoritarios.

En caso de no haber acuerdo previo, el reglamento del Congreso prevé constituir la Presidencia y las mesas de las comisiones mediante votación con el sistema de nombre en papeleta. En primera votación saldrá elegido quien cuente con mayoría absoluta, y si nadie lo logra, se procedería a una segunda donde ya sólo se exige mayoría simple.

En la comisión de financiación ilegal del PP, el Partido Popular cuenta con cinco representantes, PSOE y Unidos Podemos cuatro cada uno, tres Ciudadanos, dos el Grupo Mixto (del Pdcat y Bildu) y uno de ERC y del PNV, respectivamente.

En la comisión del rescate financiero el PP tendrá cuatro representantes, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos tres cada uno, dos el Grupo Mixto, y uno ERC y PNV.

Ambas comisiones funcionarán de forma simultánea con un plazo inicial de seis meses de trabajo, que podría ser prorrogado. Una vez concluyan su actividad, se emitirá un informe de conclusiones que se someterá a votación en el pleno del Congreso. Aunque no son vinculantes para los tribunales, los grupos sí podrían acordar remitirlas al Ministerio Fiscal si lo consideran oportuno.

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