El Congreso reprueba al ministro de Justicia por las "injerencias" en los casos de corrupción del PP

No tiene consecuencias prácticas ya que el Gobierno no tiene ninguna obligación de cesar a un ministro reprobado por la Cámara, pero el mero debate de la moción, que ha sido aprobada con el respaldo de toda la oposición y solo ha contado con los votos en contra del PP, implica un desgaste político innegable, ya que se trata de un mecanismo invocado de forma inusual y que ha salido adelante en contadas ocasiones. Entre los escasos precedentes recientes figura la reprobación del extitular de Interior, Jorge Fernández Díaz, en octubre de 2016 cuando estaba como ministro en funciones por el caso de las escuchas en su despacho que apuntaban a un presunto uso de los medios del ministerio para la persecución de rivales políticos. Entonces la reprobación, a diferencia de la planteada hoy, se materializó en comisión y no en el pleno de la Cámara. Por segunda semana consecutiva el PSOE prosigue su ofensiva parlamentaria contra la actuación del Gobierno y de la Fiscalía en la investigación del caso Lezo. Con el respaldo de 207 diputados de la Cámara frente al rechazo de 134 parlamentarios del PP y cero abstenciones, logra una triple reprobación parlamentaria a Catalá, al Fiscal General del Estado y al Fiscal Anticorrupción cuyos ceses sigue reclamando, tras considerar insuficientes y nada convincentes las explicaciones dadas por los dos primeros durante su comparecencia en la comisión de Justicia el pasado miércoles. Unidos Podemos, ERC, Compromís, el Partido Demócrata Catalán, Compromís y Bildu habían anunciado previamente su apoyo la moción. Ciudadanos, que exigía que el PP instara al cese del Fiscal Anticorrupción y demostrara la asunción de alguna responsabilidad política, también ha secundado este martes, al igual que el PNV, la reprobación del ministro de Justicia. Los socialistas acusan al ministro de Justicia de “injerencias” a la hora de entorpecer investigaciones por corrupción que afectan a su partido y le reprochan su responsabilidad en los nombramientos y decisiones adoptados por la Fiscalía para favorecer los intereses de imputados como el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y su hermano Pablo, directivo de la empresa Mercasa, actualmente encarcelados por el caso Lezo. Cree el PSOE que todas estas actuaciones socavan la confianza de los ciudadanos y suponen un uso partidista de las instituciones que hacen que el ministro no sea digno de ostentar el cargo que ocupa ni de estar a la altura del trabajo de los miles de jueces y fiscales que a diario persiguen los casos de corrupción en nuestro país. El PP considera que la reprobación planteada por el PSOE no tiene fundamento, recuerda que Catalá ha ofrecido todo tipo de explicaciones tanto en preguntas de la sesión de control, en interpelación parlamentaria y en una comparecencia ante la comisión de Justicia y ha negado en todo momento haber favorecido desde su posición institucional los intereses de investigados por corrupción o haber avalado actuaciones para entorpecer las actuaciones de la justicia en la persecución de delitos. Desde la bancada popular, han reprochado a la oposición sus mentiras y su intención de desacreditar Catalá, al que han aplaudido en señal de respaldo. El portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, reprochó al PSOE el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, la presentación de la reprobación al ministro porque a su juicio “perjudica a España y no es bueno para las instituciones achacarles comportamientos incorrectos”. La pasada semana el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descartó cualquier asunción de responsabilidades en forma de ceses y respaldó abiertamente al Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, alabando su trayectoria y desempeño con “absoluta independencia y profesionalidad”.

El Congreso reprueba al ministro de Justicia por las "injerencias" en los casos de corrupción del PP

El pleno da luz verde a una moción del PSOE para reprobar al ministro de Justicia, al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción por sus “injerencias” para entorpecer las investigaciones sobre casos de corrupción que afectan al PP

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