Las fiscalías de España y Colombia se alían para impulsar el 'caso Lezo’ en ambos países

Madrid

Se trata de un acuerdo clave ya que la ‘Operación Lezo’ tiene importantes vías de investigación abiertas que pasan por Colombia, tanto por los municipios donde opera el Canal de Isabel II en el país Latinoamericano como por los negocios que la cúpula de la empresa pública de aguas pudo haber llevado a cabo en otros países del continente fundamentalmente a través de Inassa, con sede en Bogotá.

La firma ha tenido lugar en la sede del ministerio público entre el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, su homólogo en Colombia, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador general, Fernando Carrillo. El acuerdo de cooperación está vinculado al apoyo de la instrucción bajo secreto tanto del juez Eloy Velasco como José de la Mata.

En declaraciones a la SER, José Manuel Maza, ha calificado el acuerdo de ‘magnífico’. Según el fiscal general ‘por una circunstancia desgraciada, como estos delitos que se están investigando y que pueden afectar a ambas naciones o pueden tener repercusión en los territorios nacionales de cada una de ellas, por ese motivo se ha reforzado mucho la colaboración que existe y que es de los más leal entre ambos países”.

La firma pasa por establecer “un marco regulatorio para este tipo de colaboración” ha dicho. En este caso “tiene un contenido de colaboración en todos los asuntos penales que se estén investigando e incluso en el desarrollo y ejecución de resoluciones judiciales” explica.

Investigación paralela en marcha

El acuerdo coincide con la apertura de diligencias previas en Colombia por parte del procurador general, Fernando Carrillo, para esclarecer si hubo "actos de corrupción y sobornos" en la venta de las acciones de la Triple A a Inassa desde el año 2001. En Colombia el Canal de Isabel II tiene participación en tres empresas en Santa Marta, Barranquilla y Riohacha.

El oficio de la Procuraduría General de Colombia, firmado el pasado 10 de mayo y a cuyo contenido ha tenido acceso la SER, abre diligencias preliminares y ordena una batería de una veintena de solicitudes. El objetivo es esclarecer qué funcionarios públicos o empresarios pudieran estar involucrados en el trámite de contratación, antes, durante la firma y su ejecución.

Entre las pruebas solicitadas destaca la petición de documentación del proceso de capitalización o enajenación de acciones; quién formaba parte de la representación legal de la Triple A de Barranquilla desde su creación hasta hoy; la composición del accionariado y los integrantes de la Junta directiva también desde su fundación hasta la fecha y las auditarías que se han llevado a cabo.

En el marco de este oficio, los funcinarios de la procuraduría general se podrán personar en el ayuntamiento de Barranquilla "para obtener una copia de los actos administrativos, su expediente y todos los antecedentes en relación con la participación del Distrito (consistorio) de Barranquilla en la Triple A, y si se dieron autorizaciones a las autoridades del distrito para su enajenación".

La procuraduría ha dado competencias a cuatro funcionarios del organismo independiente colombiano para que den cumplimiento a la batería de diligencias.

Información opaca del Canal

Si la procuraduría colombiana consigue recabar esta información será importante también en la sede madrileña del Canal de Isabel II. Su actual gerente, Ángel Garrido, en su comparecencia ante la Comisión de la Deuda en el parlamento madrileño hace una semana, admitió que las filiales del Canal "forman una maraña" "muy difícil" de investigar con los medios que tenemos" y no tienen información de cómo ha operado la empresa pública en los últimos diez años ni cómo se habían llevado a cabo las operaciones de compraventa desde Inassa ahora investigadas en el marco de la 'operación Lezo'.