El testaferro de Ignacio González acusa a un alto cargo del Canal de financiar ilegalmente al PP

Madrid

Las conversaciones judiciales interceptadas a los “cabecillas” de la trama por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el caso Lezo acreditan que parte del dinero público que se desvió del Canal de Isabel II con la compra de empresas en el extranjero fue destinado a financiar irregularmente al Partido Popular.

En una de esas conversaciones clave para los agentes de la benemérita que han llevado al juez Velasco a abrir una pieza separada de financiación irregular en esta causa, el presunto testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González sugiere corruptelas atribuyendo al gerente de la filial internacional del Canal de Isabel II, Diego Garcia Arias, el desvío de fondos para pagar campañas electorales de presidentes y alcaldes.

García Arias fue el gerente de expansión de Inassa y uno de los nombres que figuran en el contrato de la compraventa de Emissao. Garcia Arías fue la persona que recibió el informe de la auditoría KPMG sobre la situación en la que se encontraba la compañía brasileña que iba a pasar a manos del Canal de Isabel II. Sustituyó a Rodríguez Sobrino al frente de la empresa filial.

La conversación la mantienen Edmundo Rodríguez y la directora financiera del Canal de Isabel II sobre DIEGO GARCÍA ARIAS, el gerente de Inassa, la filial internacional que compró la empresa brasileña. La conversación transcurre en estos términos:

EDMUNDO. Estoy harto de decirle a DIEGO y a todo el mundo que la ÚNICA MANERA de cerrar esta historia para siempre es con la venta. ¡Es la venta! ¡Es la venta¡ Que vendan, concho. Olvidarnos de todo.

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FERNANDA RICHMOND. Bueno y Diego ¿tiene que estar igualmente asustado?

EDMUNDO. Bueno, lo que pasa es que él va a su bola, pero el que ha firmado ha sido él, no yo al final. No sé si me explico. Ha pagado campañas de presidente, campañas de alcaldes, esto… los no sé qué. Este gilipollas el otro día, no se si...

La investigación de la Guardia Civil dirigida por el juez Velasco entiende que “parte de las irregularidades de las que hablan los interlocutores estarían relacionadas con el pago de gastos de campañas electorales, presidenciales y municipales”. Los agentes añaden que se “desconoce el ámbito geográfico de esas citas y el origen de los fondos con los que se hicieron frente a esos pagos que podrían ser de carácter ilegal”.

Fuentes de la investigación no descartan incluso que estos fondos hubiesen servido para pagar a políticos y autoridades de Sudamérica a cambio de posibles contratos públicos.