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El Comité de Bioética rechaza la legalización de los vientres de alquiler

  • El organismo que asesora al Gobierno propone considerar nulos los contratos en el extranjero y sancionar a las agencias
  • También cree necesario promover la prohibición internacional de esta práctica que ya es ilegal en España

El Comité de Bioética de España acaba de publicar el documento 'Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada" aprobado por unanimidad en el que se muestra contrario a la legalización de los vientres de alquiler, una práctica prohibida en España.

La mayoría de los miembros de este organismo "entiende que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio". El comité considera que, si bien el deseo de una persona de tener un hijo constituye una "noble decisión, ello no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas".

El comité matiza que aunque algunos vocales aceptan que esta práctica podría regularse de modo que compaginara la satisfacción de dicho deseo con la garantía de los derechos e intereses de otros, no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual. "Las propuestas regulatorias que se manejan y las experiencias de otros países son claramente deficientes en la tutela de la dignidad y de derechos de la gestante y del menor".

Los expertos en bioética que asesoran al Gobierno proponen incluso declarar ilegales los contratos que se realizan ahora mismo en el extranjero y sancionar a las agencias de la maternidad subrogada. Además, quieren promover la prohibición internacional de la maternidad subrogada. Textualmente los tres criterios que proponen para una reforma legal son las siguientes:

1.ª Dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad.

2.ª Promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño.

3.ª Asegurar una transición segura que evite que queden desprotegidos los niños resultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional en los que pueden estar inmersos actualmente varios españoles. Para ello puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

Este informe ha sido elaborado a iniciativa del propio comité y "en general no suelen ser vinculantes para el Gobierno" nos ha dicho un portavoz del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Aunque tampoco pueden concretar si este lo será.

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