"Yo soy el Sargento y se hace lo que yo diga"

Madrid

Eran las dos de la mañana de un viernes en septiembre de 2011, y el Sargento Pérez y el agente García tenían ganas de fiesta. Los dos entraron en el club 'Goldfinger', en la localidad pontevedresa de Oia, bebieron un poco más y empezaron la pelea: tras una discusión con el encargado del local, empezaron a pedir a las mujeres que trabajaban en este local de alterne que hiciesen una fila y sacaran la documentación. Las mujeres salieron corriendo a refugiarse en las habitaciones e incluso en un bosque cercano y llamaron a la Guardia Civil para que les protegiese de los guardias civiles. 

Según declaró el dueño del local, el agente García le exigió horas más tarde incluso "invitarle a un polvo con una de las chicas" , amenazando a las mujeres con frases como "os vamos a meter a todas en un coche y a llevar". El Sargento intentó zanjar la situación sacando la cartera, dando un golpe en el mostrador y afirmando que "yo soy el Sargento y se hace lo que yo diga". 

Un episodio que ahora les cuesta sendas sanciones de siete meses y seis meses y un día respectivamente por una falta muy grave de abuso de atribuciones: el Tribunal Supremo ha confirmado este castigo de forma definitiva en dos sentencias idénticas que avalan el relato de hechos probados y las sanciones impuestas a estos dos guardias civiles del puesto de A Guarda.

"Tiene la voz bastante pastosa..."

La sentencia explica cómo agentes del Centro Operativo Complejo (COC) recibieron llamadas de uno de los agentes, y a la hora de informar a una patrulla cercana dejaron reflexiones como "yo no sé si es que estaban comiendo un bocadillo, o tiene la voz bastante pastosa...". Cuando preguntaron a uno de los condenados por teléfono, contestó que "nooo, yo no estoy".  

Un club con antecedentes

No es la primera vez en que el nombre del club 'Goldfinger' aparece en una resolución judicial. Echó el cierre en 2013, cuatro años después del altercado con los agentes, y el año pasado sus dueños fueron condenados en conformidad a casi dos años de cárcel por, desde 2011, "facilitar la entrada ilegal de varias mujeres" procedentes de varios países para "potenciar su negocio de explotación sexual".