El PP reinventa sus medidas anticorrupción para evitar las críticas

Madrid

El lunes pasado, el PP activó la Oficina del Cargo Popular para "vigilar y prevenir" irregularidades en su formación. De esa forma, Mariano Rajoy respondía a la nueva ola de escándalos de corrupción. No es la primera vez que afronta así un chaparrón. En otras ocasiones también ha hecho lo mismo. Ha puesto en marcha algunas iniciativas que luego han quedado en el olvido. Habrá que ver si este es o no otro anuncio puramente cosmético porque los populares llevan años presentando medidas contundentes pero muchas de ellas quedan en papel mojado o son las mismas reinventadas.

Así cuando estalló el 'caso Gürtel' en 2009, Rajoy mandó elaborar un Código Ético. Al principio compareció en Génova, junto a la plana mayor de su partido, para denunciar que todo era "una conspiración" contra el PP. Aunque al cabo de los meses la situación se fue volviendo insostenible, con detenciones y conversaciones demoledoras, y se pensó que con este documento se podría frenar un tanto la alarma social.

Por aquel entonces Federico Trillo dictaba la estrategia a seguir y los conservadores se regían por el código de buenas prácticas de 1993. Un texto, elaborado bajo la presidencia de José María Aznar por el 'caso Naseiro', en el que se apuntaba como "motivo de expulsión inmediata la utilización del propio nombre, posición o relación dentro de la formación conservadora o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros". Su redacción de hecho era más exigente que la que existe hoy en los actuales Estatutos, en los que se apela constantemente a la apertura de juicio oral para no tener que echar a nadie.

Con Rajoy cambió esa parte del contenido y también se empezaron a controlar otras cuestiones. Por ejemplo, se prohibió aceptar regalos. La encargada de anunciarlo fue Ana Mato. Precisamente ella quien se vio obligada a dimitir del ministerio de Sanidad en 2014 tras un auto del juez Ruz en el que se veía salpicada por esta trama. En aquel momento, además, hasta se llegó a nombrar un auditor de prácticas internas, un puesto que desempeñó José Manuel Romay Beccaria. Ahora, por cierto, se ha copiado un poco aquel modelo, al asignársele a Manuel Cobo un cargo similar.

A partir de esa fecha además se empezó a abogar por realizar concursos públicos, constituir mesas de contratación y se comenzó a exigir a todos los cargos públicos "una carta de compromisos" con un conjunto de obligaciones de "contenido ético y deontológico". Seguro que Ignacio González tuvo que rellenar alguna. Y no sería el único en acreditar su honradez. Es más en 2011 se le dio una nueva vuelta de tuerca a este tema y se redactó "un manifiesto por la regeneración" en el que se pedía actuar contra la corrupción "con celeridad". En la foto aparecía Francisco Camps, firmándolo. Esa imagen, con el entonces el presidente de la Comunidad Valenciana, imputado por el caso de los trajes, echaba todo el discurso por tierra. Allí, por cierto, también estaba José Manuel Soria, quien después, ya en el Gobierno, tendría que abandonar el ministerio de Energía y Turismo al figurar su nombre en los papeles de Panamá.

Pero fue con los de Bárcenas con los que llegaron las iniciativas más efectistas del PP. Rajoy compareció en febrero de 2013 y negó haber cobrado dinero negro. Además, para acallar las sospechas y las criticas, tanto internas como externas, prometió que tanto él como su equipo iban a hacer públicas sus declaraciones de renta y patrimonio. Las suyas sí salieron a la luz. Colgó en la página web de la Moncloa las correspondientes a su etapa como líder del PP desde 2003. Sin embargo de las de sus colaboradores nunca se supo. Han pasado cuatro años.

También habló de una auditoría externa, para mayor transparencia de las cuentas del partido. Pero eso no se realizó jamás. Los populares dijeron que tras más de dos meses de búsqueda, se renunciaba a ese tipo de fiscalización porque ninguna empresa estaba dispuesta a asumir la tarea. Concluyeron que era suficiente con el examen del Tribunal de Cuentas.