Los fiscales de sala del Supremo no vieron delito en Pilar Barreiro

Madrid

El caso Púnica fue la primera crisis de José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General del Estado. El máximo guardián de la legalidad pidió informes a la secretaria general técnica y a los cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo antes de decidir la posición del Ministerio Público sobre las exposiciones razonadas que el juez Eloy Velasco quería remitir para que el Tribunal de Justicia de Murcia investigara al expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez, y el Tribunal Supremo a la senadora Pilar Barreiro por contratar con la trama para mejorar su imagen en redes sociales.

La decisión final fue la de imponer a los fiscales del caso que no se apoyara la investigación que ya se ha abierto en Murcia a Sánchez y apoyar la investigación a Barreiro, aunque esta última decisión contó con el veto unánime de los fiscales de mayor rango del Supremo.

En su informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER, dicen que "no parece que la investigación haya avanzado más allá de las conclusiones de la UCO". Reconocen que la ley "rechaza las campañas de autobombo pero que la línea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación de los cargos públicos es tenue y brumosa".

Los fiscales de sala tampoco aprecian delito en los contratos menores suscritos con la trama para pagar estos servicios de reputación online. No son "hechos constitutivos de los delitos múltiples que se les asocian" sino "irregularidades administrativas" ajenas al derecho penal que "solo debe entrar en juego cuando han fracasado las demás esferas del ordenamiento jurídico y se han lesionado bienes jurídicos inexcusables para la convivencia".

Hasta cinco delitos

Fuentes del Tribunal Supremo señalan a la Cadena SER que con este informe previo la exposición razonada de Velasco tiene pocos visos de contar con el apoyo del ministerio público. El juez de la Audiencia Nacional atribuye a Pilar Barreiro cinco delitos porque considera que cuando la senadora era alcaldesa de Cartagena "abusó de su poder" para contratar con el conseguidor Alejandro de Pedro para que limpiara su imagen en redes sociales con dinero público "consumando un plan defraudador y criminal".