Los fiscales progresistas exigen la dimisión del ministro de Justicia

Madrid

Las conclusiones del Congreso de la Unión Progresista de Fiscales celebrado en León exigen el cese inmediato del ministro Rafael Catalá así como la dimisión del fiscal general, José Manuel Maza por su "despreció e intolerable afán de ilegitimo entrometimiento en la independencia de los fiscales".

El Congreso de la UPF ha puesto el acento en las necesidades para mejorar la Justicia en nuestro país pero los últimos acontecimientos han hecho que destaquen entre todas las peticiones de dimisión del ministro Catalá y el jefe de la Fiscalía del Estado.

Los fiscales denuncian que las conversaciones telefónicas intervenidas por orden del juez revelan conspiraciones entre destacados políticos para mover las "piezas" de la cúpula de la Fiscalía y ponen de manifiesto la concepción que del Ministerio Fiscal tiene el actual Ministro de Justicia, quien "en su intolerable afán de ilegitimo entrometimiento ha llegado, incluso, a reprochar públicamente el criterio jurídico de las Fiscales encargadas de la llevanza de la operación 'Púnica' o a verbalizar ante los medios de comunicación que la Fiscalía puede recibir instrucciones por escrito del Gobierno".

La UPF describe que el "deterioro ocasionado en el funcionamiento y la propia imagen del Ministerio Fiscal por un Ministro de Justicia que ha sido reprobado por una extraordinaria mayoría absoluta de los representantes de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados, la Unión Progresista de Fiscales reclama públicamente la dimisión o cese de Rafael Catalá́ Polo como Ministro de Justicia del Gobierno de España".

El comunicado destaca el "insaciable afán reformador, revestido de un falaz espíritu de consenso, nos ha brindado dos aciagas invenciones: un sistema de plazos de instrucción, censurado por su riesgo de impunidad por la Comisión Europea y una amplia mayoría de los operadores jurídicos, y una plataforma de intercambio de información –LexNet– que, en lugar de modernizar la Justicia de nuestro país, entorpece la labor diaria de los profesionales del Derecho.

Dimisión de Maza

El congreso de la UPF exigió a Maza la dimisión y el comunicado matiza las razones. Dicen los fiscales progresistas que " reprobamos el nombramiento por el Fiscal General del Estado de Manuel Moix como Fiscal Jefe Anticorrupción por su inexperiencia en materia de lucha contra la corrupción frente a otros candidatos y por el previo conocimiento por el Fiscal General de las conversaciones telefónicas posteriormente divulgadas que ponen en cuestión la necesaria e imprescindible ecuanimidad y apariencia de imparcialidad del Sr. Moix".

Además "reprobamos la actuación del Fiscal General del Estado tras conocerse públicamente que el Fiscal Jefe Anticorrupción era copropietario de una sociedad offshore radicada en Panamá́, país que -pese a no ser reconocido por España como paraíso fiscal- es un innegable estado de opaca jurisdicción con elevado índice de secretismo financiero. Censuramos las manifestaciones realizadas por el Fiscal General del Estado en las que señala no encontrar motivo alguno para cesar a Manuel Moix, que no ha podido convencerle para mantenerse en el cargo y que sería de justicia que siguiera ejerciendo sus funciones como Fiscal Jefe Anticorrupción. Manifestaciones como estas son una burla a la Carrera Fiscal y a toda la sociedad española".

Por todo ello, la Unión Progresista de Fiscales reclama "la inmediata dimisión del Fiscal General del Estado por su demostración de falta de capacidad, objetividad y libertad de criterio, ejercicio de tan alta responsabilidad constitucional. Reprobamos la "perplejidad" manifestada por el Fiscal General del Estado en sede parlamentaria porque representantes de la Unión Progresista de Fiscales conocieran el contenido de las conversaciones telefónicas en las que un investigado -actualmente en prisión provisional- apostase por el Sr. Moix para la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción".

Por todo ello, la Unión Progresista de Fiscales, "reclama la inmediata dimisión del Fiscal General del Estado por su demostración de falta de capacidad, objetividad y libertad de criterio, ejercicio de tan alta responsabilidad constitucional".

Más conclusiones sobre:

Un Ministerio Fiscal autónomo del Ejecutivo, con verdadera capacidad de actuación independiente al servicio de los ciudadanos, solo será́ posible con el desarrollo de la cláusula constitucional que exige que el Ministerio Fiscal actúe a través de órganos propios, esto es, que tenga un verdadero régimen de autonomía orgánica. En la actualidad cualquier decisión relativa a la carrera de un fiscal (nombramientos, régimen disciplinario, licencias, permisos) se toma en el Ministerio de Justicia, lo que supone concebir a la Fiscalía como un mero apéndice de este departamento gubernamental.

La Unión Progresista de Fiscales denuncia la inactividad de los gobiernos del Estado y de algunas Comunidades Autónomas en la aplicación del Estatuto de la Victima, en vigor desde el año 2015, pese a lo cual no se han creado ni dotado adecuadamente las Oficinas de Atención a Víctimas, ni por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se incorpora a los atestados el preceptivo informe sobre la vulnerabilidad de la víctima, convirtiendo la norma, una vez más, en un ejercicio de demagogia política.

La Unión Progresista de Fiscales muestra su decepción por la pasividad de la Fiscalía General del Estado en la defensa de los derechos laborales de los miembros del Ministerio Fiscal.

El riesgo de quiebra del Estado de Derecho y de la normal convivencia ciudadana es claro y todos los responsables políticos implicados deben ser conscientes de ello y procurar soluciones. Nuestro apoyo y reconocimiento a las compañeras y compañeros que han intervenido y están interviniendo en procedimientos judiciales relacionados con esta situación.

Queremos denunciar la drástica reducción sufrida en los últimos años tanto en materia de ascensos como en el número plazas ofertadas en los concursos ordinarios de traslado a que se refiere el artículo 36.5 del EOMF. Situación se revela aún más injusta si efectuamos una somera comparativa con la carrera judicial.

La UPF muestra su preocupación por la creciente desigualdad ante la Justicia de los más desfavorecidos como consecuencia de la desatención de la Administración al derecho a la justicia gratuita que debe ser prestado por un turno de oficio digno. La justicia gratuita es un pilar básico de todo Estado de Derecho y el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de todos, no solo de los poderosos o de las personas con recursos.

La Unión Progresista de Fiscales rechaza con contundencia el modelo de formación de Fiscales que se trata de imponer desde el Ministerio de Justicia haciendo del CEJ una estructura administrativa destinada a la formación de burócratas. Ello supone un absoluto desprecio por la formación específica que debería corresponder a la misión y posición constitucional del Ministerio Fiscal.

La situación de infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones es un fenómeno global y generalizado, contrario al esencial concepto de democracia paritaria e incluida por la Conferencia de Beijín entre los doce ámbitos críticos que constituyen obstáculos para el adelanto de la mujer.

La Unión Progresista de Fiscales lamenta que lo único verdaderamente "digital" en la Administración de Justicia a día de hoy sea la nefasta política de nombramientos discrecionales en la mente de todos.

El pretendido y rimbombante papel cero es una ficción que solo existe en la mente de los responsables del Ministerio que, además de desconocer de modo absoluto cómo funcionan las Fiscalías y los Juzgados, también desconocen las posibilidades de los intercambios de información en el siglo XXI.

Como fiscales debemos promover la justicia, la legalidad y la defensa de las víctimas, especialmente de los niños y desamparados, por eso desde la Unión Progresista de Fiscales, asociación que no esconde su interés por la justicia social, tenemos la obligación de alzar la voz, proponer soluciones, no ser cómplices de tamaña tragedia e injusticia que ha convertido el "Mare Nostrum" en la frontera más mortífera del mundo, sin olvidarnos, tan poco, de la Frontera Sur que tan próxima tenemos.

La Unión Progresista de Fiscales reclama públicamente la definitiva aprobación de la proposición de ley que actualmente se halla en trámite parlamentario y la consiguiente supresión de los plazos de instrucción, que consideramos un dislate jurídico en nuestro actual sistema de instrucción judicial, en el que el control de los tiempos por el Ministerio Fiscal resulta inviable ante la escasez de medios personales y los exiguos y deficientes recursos materiales con que contamos. Perpetuar este sistema supone un evidente riesgo de impunidad de muchos delitos -no solo de corrupción-, tal y como ha puesto de manifiesto la propia Comisión Europea en sus recomendaciones del primer semestre de 2017.

Asimismo, hasta una futura reforma legal que suprima el despropósito de un sistema de plazos en una instrucción judicial no dirigida por el Ministerio Fiscal, la Unión Progresista de Fiscales reclama de la Fiscalía General del Estado la revisión de la Circular 5/2015 para que se adapten las pautas de actuación de los Fiscales a la realidad diaria de todas y cada una de las Fiscalías, en tanto que el posicionamiento actual, en una actitud claramente condescendiente con el Ministerio de Justicia, no hace sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia.

Nunca serán suficientes las ocasiones para denunciar que la abominable lacra que constituye la violencia de género es una bochornosa realidad que se imbrica de un modo tal en la construcción de nuestras sociedades que únicamente permite ser combatida desde la verdadera comprensión de su raíz misma.

Exigimos que se aumenten las partidas presupuestarias destinadas a lucha contra esta lacra, para hacer realmente efectivas las disposiciones de la ley.