La justicia busca dinero de Ignacio González y Edmundo Rodríguez en Andorra

Madrid

Andorra es el nuevo escenario donde la justicia está buscando el dinero de los cabecillas de la operación Lezo. La justicia española ha abierto una Comisión Rogatoria Internacional (CRI) para localizar más dinero obtenido del desvío de fondos públicos del Canal de Isabel II por parte de los “jefes de la operación Lezo” en el Principado de Andorra.

Según las diligencias que se están practicando el enlace que tienen Edmundo Rodríguez e Ignacio González es un abogado hispano andorrano, Ignasi Maestre, que trabaja en Andorra, que está investigado (imputado) y sobre el que existen indicios de que ha actuado como testaferro de Rodríguez y González en varias operaciones realizadas en Colombia y en el Principado.

Según fuentes judiciales existen “indicios de que Ignasi Maestre habría diseñado una estructura societaria opaca para una inversión inmobiliaria en Colombia con Edmundo Rodríguez”.

A Andorra se llega por las intervenciones telefónicas y porque se intercepta un envío postal desde el despacho de Edmundo Rodríguez a la sede de las empresas de Ignacio Maestre en Andorra. Los investigadores tienen indicios de que los cabecillas de Lezo podrían haber blanqueado dinero procedente del desvío de fondos públicos.

El desfalco del Canal está cifrado al menos en 31 millones de euros. Los investigadores señalan que "existe un alto riesgo de que los 31 millones de dólares destinados a financiar la compra de Emissao pudieran haber sido desviados a lucro particular de los investigados". Uno de los investigados es Ignasi Maestre, a quién el Canal de Isabel II compró una empresa con residencia en Uruguay, Soluciones Andinas de Aguas, con la que adquirió la sociedad brasileña Emissao. Maestre ingresó un millón de euros por su empresa y lo cobró a través de un banco en Panamá.

 Además según fuentes judiciales Ignasi Maestre Casanovas podría haber suscrito un contrato de servicios con Inassa por la que podría haber cobrado una cantidad indeterminada de fondos públicos que podría ascender hasta Los 500.000 dólares bajo el concepto de gastos preparatorios para la operación de compra de Emissao. Los investigadores sospechan que este contrato puede ser una de las posibles salidas de desvío de fondos públicos.