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Más de cien medidas para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

  • La subcomisión del Congreso trabaja sobre 120 propuestas de las 600 presentadas por las expertas
  • Entre ellas figuran la supresión del atenuante de confesión y el eximente de declarar contra el maltratador
  • La víctima no tendrá que presentar denuncia ni tener orden de protección para acceder a ayudas sociales
  • Todos los grupos son partidarios de que el Pacto de Estado tenga memoria económica

Las diputadas que negocian el Pacto de Estado contra la Violencia de Género han estado reunidas durante dos largas jornadas para avanzar en la elaboración del documento con las propuestas que incluirá el acuerdo. La subcomisión del Congreso tenía previsto aprobar el informe el próximo viernes 16 pero no será posible ese día. Se ha tenido que retrasar hasta que termine el 21 el trabajo de la ponencia del Senado con el mismo fin. 

Según ha podido saber la Cadena Ser, los grupos parlamentarios han reducido a 120 las medidas sobre las que se trabajará el texto de un total de 600 aportaciones que hicieron las expertas que comparecieron ante la subcomisión y el Observatorio contra la Violencia de Género. Y a estas habrá que añadir las propuestas concretas que haga cada grupo. 

Hay dos reformas jurídicas que con toda probabilidad incluirá el informe para reforzar la protección de las mujeres. Juristas y asociaciones de mujeres llevan años reivindicándolas para mejorar la protección de la víctima. Una de ellas es la eliminación para los casos de malos tratos del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo dispensa a la víctima de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja agresor. Un elevado número de mujeres se acoge a esa dispensa y esto provoca el archivo de los casos y sentencias absolutorias si no hay más pruebas. 

La otra medida en la que hay unanimidad entre los grupos es la de suprimir también la atenuante de la confesión del maltratador. Esta es, junto a la del 416, una de las insistentes recomendaciones de los expertos del Consejo General del Poder Judicial  que señalan que para los asesinatos machistas no tiene ningún sentido y alertan de la gravedad de las consecuencias porque el asesino se beneficia de una importante rebaja de la pena de prisión. 

En cuanto a las medidas para la atención de las víctimas, la propuesta en la que todos coinciden es en la necesidad de que no sea necesario ni la presentación de la denuncia ni la orden de protección dictada por el juez para que la mujer maltratada pueda acceder a determinadas ayudas sociales. Se trata de modificar el sistema de acreditación de situaciones de violencia de género. De las 28 mujeres asesinadas este año, solo cinco, el 18%, había interpuesto denuncia contra su pareja o expareja. 

Todos los grupos son partidarios de que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género vaya acompañado de una memoria económica, de una valoración del coste de la puesta en marcha de las medidas. Muchas de las expertas comparecientes en la subcomisión han dejado claro que el acuerdo de Estado no servirá de nada si no está dotado de financiación. 

En lo que no hay ningún tipo de discusión es en que el Pacto de Estado debe reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género para que sus disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras se amplíen a todas las formas de violencia sobre la mujer tal y como establece el Convenio de Estambul.  Las medidas  se aplicarán a las victimas de las violaciones y agresiones secuales, a la trata de mujeres y niñas, a la mutilación genital y a los matrimonios forzosos. 

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