La diputada del PP, María Antonia Garbín, se sienta en el banquillo

La portavoz y diputada del Partido Popular María Antonia Garbín, se sienta en el banquillo por un presunto delito de prevaricación continuada. En el mismo proceso están nueve funcionarios del area de Bienestar Social de la que ella era Consejera, y los cuatro abogados contratados de forma reiterada.

María Antonia Garbín, está acusada de un presunto delito continuado de prevaricación al contratar a dedo durante más de diez años a cuatro abogados externos a la Administración. El Partido Popular no le exigió su acta de diputada en la Asamblea, la Cámara territorial de la Ciudad Autónoma.

Garbín suscribió 91 contratos menores con los mismos cuatro abogados “sin publicidad, sin objetividad y transparencia”. Según la Fiscalía, eludió la legislación en materia de contratación pública. Lo hizo “a sabiendas de su injusticia” y con el “respaldo y connivencia” de directores generales y secretarios técnicos de la Consejería de Bienestar Social.

En el caso de los primeros, emitieron informes de necesidad en los expedientes de contratación “a sabiendas de que con esa decisión contravenían la legalidad administrativa vigente y en particular la prohibición de fraccionamiento”.

La labor de los secretarios técnicos en la presunta trama fue la de dar apariencia de legalidad al procedimiento.

Según la Fiscalía, “acomodaron de forma torticera la realidad de la Consejería” emitiendo informes jurídicos. Con su actuación, “a sabiendas de que resultaba injusto”, contribuyeron “a eludir los procedimientos ordinarios de contratación y sus mayores fórmulas de control por parte de la Intervención”. Estas contrataciones, supuestamente ilegales, han costado a las arcas públicas más de un millón de euros.

El Ministerio Fiscal solicitó la apertura de juicio oral y 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público

La defensa exigió en la sesión de cuestiones previas, la nulidad total de los atestados de la Guardia Civil con la declaración de los abogados en calidad de testigos, que más tarde se convertirían en investigados, al haber sido anuladas por el juez de instrucción y considerar que se vulnera un derecho fundamental.

Este miércoles, en una audiencia pública que no ha durado más de 20 minutos, el juez ha resuelto la exoneración de un técnico que realizó uno de los informes, que había prescrito.

Por otra parte, no ha aceptado la aplicación de la doctrina Botín que pedía la defensa, haciendo alusión al caso Atuxa dictaminado por el Tribunal Supremo y así ha validado la acusación popular de la Asociación Libre de Abogados (ALA) sobre los cuatro abogados al considerar que defienden intereses coletivos.

Además, el juez tampoco ha aceptado la teoría del árbol envenenado y ha validado los informes de la Guardia Civil al considerar que las declaraciones que se tomaron a los abogados, se repiten en un nuevo interrogatorio que se hizo de manera legal.

El próximo lunes a las 10:30 arranca el juicio con las declaraciones de los acusados. La Fiscalía ha pedido que se interrogue a los abogados acusados en último lugar. María Antonia Garbín, a la salida de los juzgados, no ha querido valorar las resolución de las cuestiones previas señalando que "son temas de abogados ".