Veinte años de cárcel para un profesor de un colegio de Madrid por abusar de cinco niñas

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido condenar a diecinueve años y medio de prisión a un profesor de un colegio concertado de la capital por abusar sexualmente de cinco niñas menores de edad. La sentencia, que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, también condena al colegio San Buenaventura a hacerse cargo de las indemnizaciones en calidad de responsable civil subsidiario. 

Según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los abusos perpetrados por el profesor tuvieron lugar entre 2011 y 2013: el docente, explican los jueces, "aprovechó su condición de profesor" para abusar de las niñas practicando tocamientos, ya fuese durante una clase, cuando estaban a solas o apagando las luces del aula, llegando a tener contacto por redes sociales con una de ellas. Las niñas tenían menos de trece años cuando ocurrieron los hechos en este centro concertado del barrio madrileño de Batán. 

La sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial condena a este hombre de cuarenta años a diecinueve años y medio de cárcel por cinco delitos de abusos sexuales, estableciendo un cumplimiento máximo de quince años entre rejas. También le impone veinticinco años de libertad vigilada y la prohibición de trabajar con niños porque "aprovechó su condición de profesor para hacerles creer que" lo que hacía con ellas no constituía un abuso sexual.

Declaraciones "sinceras y valientes"

En su resolución, los magistrados avalan la principal prueba del caso que lleva a la condena del profesor: las declaraciones de las cinco víctimas. Unas declaraciones "sinceras, valientes, coherentes y convincentes" de las niñas tanto en instrucción como en el juicio celebrado el pasado mes de marzo que permite descartar, en contra de lo que defendía el acusado, que "no se trata de una fabulación creada por ellas". 

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Todas ellas, explican los jueces, "coinciden en la forma y mecánica del abuso", a pesar del miedo y la vergüenza que sintieron al denunciar los hechos. La primera queja llegó a los oídos de la dirección de este centro concertado del sur de la capital en mayo de 2013: según la sentencia, siguió dando clase hasta el final de ese curso y, tras la apertura de un expediente interno, fue despedido un año después. 

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Los testimonios aportados al juicio celebrado el pasado mes de marzo en los salones de la Audiencia Provincial de Madrid sirvieron para que los jueces desestimasen los argumentos de defensa del condenado: ningún otro profesor consideró normal, por ejemplo, apagar las luces en una clase o dar "masajes" a alumnos. Tanto los médicos forenses como los psicólogos del centro, además, otorgaron una "alta credibilidad" a todos los testimonios analizando, además de las declaraciones, que algunas de las víctimas han necesitado tratamiento psicológico después de los hechos.  

Según confirman fuentes del caso, la defensa del ya exprofesor ha recurrido su condena ante el Tribunal Supremo. Estas mismas fuentes también confirman que, por el momento, la Audiencia Provincial ha decidido mantenerle en libertad al entender que no existe un riesgo de fuga por su parte. Algunas de las víctimas relataron a lo largo de la investigación que otras alumnas reconocieron haber sido objeto de vejaciones similares, pero la sentencia no lo refleja en sus hechos probados ni en su fallo. 

El colegio, condenado

La sentencia también recoge que el colegio San Buenaventura debe responder en calidad de responsable civil subsidiario por los más de 50.000 euros que establece en indemnizaciones para las víctimas, una cantidad que el centro ya ha consignado a través de su aseguradora. Madres y padres de las víctimas criticaron, durante el juicio, una actitud del colegio que calificaron de "insuficientes", por entre otras cosas haber permitido que siguiese dando clase tras la denuncia. La Audiencia Provincial cree que el centro debe ser considerado responsable civil subsidiario porque cometió los abusos "en el ámbito de su relación laboral" con el colegio y que supuso un "riesgo potencial no vigilado" por el centro. 

Desde el centro explican a esta emisora que las medidas cautelares se aplicaron "desde el minuto cero", y que la condición de delegado sindical del docente dificultó su despido, que se formalizó un año después como explica la sentencia pero se le mantuvo en situación de "permiso retribuido" y apartado de las aulas. 

"Las niñas fueron muy contundentes"

En declaraciones a esta emisora, el abogado de dos de las familias, Santiago Luengo, valora positivamente la sentencia y destaca la importancia de los testimonios prestados por las víctimas a lo largo de la investigación. 

Luengo también confía en que el Tribunal Supremo confirme la condena.

Inspección educativa

En contacto con la Cadena SER, fuentes de la Consejería de Educación aseguran que la Inspección Educativa tuvo conocimiento de este asunto cuando una de las familias quiso sacar a alumnos del centro, dando el visto bueno al cambio y comprobando también los protocolos activados por el colegio junto con las medidas preventivas. 

Estas mismas fuentes aclaran que al ser un centro de gestión concertada, la Consejería no tiene margen para sancionar o instar el despido de un docente, como sí podría hacerlo con trabajadores de un centro público.