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La 'rueda' de la SGAE: un fraude de 100 millones de euros

  • La investigación judicial calcula que el fraude cometido por la 'rueda' alcanza los 100 millones de euros entre 2006 y 2011
  • El auto judicial considera que se pudo llevar a cabo con la connivencia de trabajadores de televisiones "mediante el abono de las comisiones"

Efectivos policiales en la sede de la SGAE durante una operación contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión / ()

El juez de la Audiencia Nacional acusa a los detenidos en la operación contra la ‘rueda’ de pertenecer a una organización criminal y corrupta en los negocios "cuya consecuencia final es la comisión de un delito continuado de estafa". Dos serían los beneficios que obtendría la presunta trama corrupta. Por un lado, haber recaudado en cinco años algo más de 100 millones de euros. Y además, poder de decisión en los órganos de gestión de la sociedad que permitiría "perpetuar el fraude". No se puede olvidar que el número de votos a los que cada socio tiene derecho depende directamente de la recaudación.

Extracto del auto judicial donde se señala la organización criminal / CADENA SER

El juez considera que el fraude se comete en connivencia "de varios responsables de contratación de televisiones" para "recibir pagos en metálico por beneficiar los intereses de los investigados, estando claramente a su servicio".

En el auto se señala que quienes conforman la ‘rueda’ "han conseguido trazar un sistema preconcebido y perdurable en el tiempo, fundamentado en el plagio de obras de dominio público, leves modificaciones de las mismas y creación de otras de muy baja calidad, gran parte de las cuales son titularizadas a nombres de familiares y testaferros bajo diferentes Editoriales y cesionarias pertenecientes a los investigados".

Para realizar el presunto fraude, la 'rueda' se vale de "la explotación de pequeños autores sin recursos, músicos que arreglan, modifican e interpretan las obras a cambio de la cesión de una parte de los derechos de la obra, ocultando de esta manera quien se encuentra detrás de las mismas verdaderamente".

De las investigaciones e intervenciones telefónicas, el juez cree que otra de las consecuencias es "la obtención de una mayoría en la Junta Directiva de la SGAE, uno de los principales órganos de administración de la Sociedad, desde donde tienen la capacidad de imponer acuerdos abusivos para perpetuar sus intereses con evidente ánimo de lucro, en perjuicio del resto de los socios y sin que reporte beneficio alguno a la sociedad". 

Tanto Fernando Bermúdez y Manuel Carrasco son acusado de tejer una tupida red de sociedades en la que participaban algunos familiares, como la esposa del segundo y que el auto enumera con detalle. Estas empresas son asesoradas por Antonio Blanco, quien utiliza sus contactos con Telecinco y Telemadrid, "donde tiene más facilidad para insertar contenidos que han sido rechazadas en otras".

Los presuntos cabecillas de estas organizaciones son, entre otros, Rafael Tena, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez. El juez, tras tomarles declaración, ha dictado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para cada uno de ellos. Los tres están relacionados con un "entramado de tendentes a obtener beneficios cuyo principal emisor es la SGAE".

La participación de las televisiones

Respecto a la participación de televisiones públicas y privadas en la conocida como ‘rueda’, el auto señala que algunos de los responsables de las áreas de programación de esas emisoras" están cobrando incentivos o dádivas por parte de los investigados, premiando haber logrado introducir su repertorio en la cadena o como motivación para convencer a sus jefes de la necesidad de hacerlo".

Es el caso de Javier Valero, de Telemadrid. El auto confirma una conversación que mantiene con Fernando Bermúdez, uno de los responsables de la trama, quien le asegura "lo orgulloso que está de hablar con alguien a quien le va a tocar la lotería y se ha a hacer rico”. Javier Valero le comenta lo nervioso que se pone al pensarlo. Valero es acusado de recibir una contraprestación económica por sus gestiones.

También es acusado de formar parte de la organización ideada por Bermúdez y Carrasco, el encargado de contrataciones de Canal Sur Carlos Salazar, quien "resulta ser una pieza imprescindible para poder formalizar contratos en la citada cadena". Se considera que además hace de puente con otras cadenas de televisión, "ejerciendo un patrocinio (...), existiendo fuertes indicios por ello de alguna contraprestación" a pesar de que sepa de que se está "cometiendo una irregularidad".

Lo seguimientos policiales desvela un intercambio de sobres entre Bermúdez y Valero en el automóvil del primero que, "a juicio de los investigadores", pudiera tratarse de los 10.000 euros que horas antes Bermúdez había sacado de la cuenta en la que la SGAE pagaba los derechos de autor.

Además, el auto asegura que una de las investigadas Nuria Beatriz Rodríguez, de Antena 3, "imparte instrucciones a personas que trabajan en distintos departamentos de la SGAE sobre cómo han de comportarse". Tan es así que el juez, al creer que esta tiene "un séquito de seguidores miembros de la SGAE" cree que necesaria la entrada y registro de varios departamentos de la sociedad de gestión.

La directiva de Atresmedia es calificada como "persona de influencia en el seno de la Junta Directiva de la SGAE nombrados gracias a su propuesta y como la persona que dirige la actuación de los principales miembros de la Rueda para la perpetuación del sistema, intentado por todos los medios poder aumentar los porcentajes de retorno que obtiene las cadenas".

Se afirma también que "ha formalizado reuniones con la intención de hacer un frente común (....), incluso planteando provocar la expulsión del Presidente de la SGAE por no beneficiar más sus intereses ayudándose de los votos que obtienen las personas a las que beneficia". Es más, se asegura que "está en condiciones de influir en varias personas con voz y voto en el seno de la SGAE, no dudando en utilizarlo para sus propios intereses". El auto también se le acusa de mantener una relación mercantil directa con Manuel Carrasco.

Respecto a Rafael Tena, hermano del fallecido cantante Manolo Tena, el auto afirma que "mantiene fuertes contactos en varias televisiones que emiten sus repertorios como contraprestación de la cesión de derechos de obras y tratos de favor que por referencias consistentes se banas en sobornos". Estas parcitas, siempre según el auto, le valieron su expulsión de la cadena Telecinco". Tena también es acusado de poseer sociedades y "grandes cantidades de dinero" en paraísos fiscales (Belice, Miami y Andorra) que ha comenzado a introducir de manera fraudulenta en España valiéndose de varias personas. Esto supondrá además la comisión de un delito fiscal. Tena se relacionaba con EITB, Televisión Canaria, Castilla la Mancha y Castilla León. Los detalles de su actividad también son recogidos. Si hasta 2005, sus sociedades recaudaban 83.000 euros, a partir de 2006 y hasta 2012, lograron 7,8 millones de euros.

Sobre Jose Luis Ruperez, socio de la SGAE que le investigó, el auto afirma "la existencia de irregularidades palmarias" y duda de su condición de autor. Los registros ordenados por el juez se han llevado a cabo en Madrid, Cádiz y Sevilla.

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