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¿Existe la ciudad colaborativa?

Iniciativas ciudadanas pisan el acelerador hacia un nuevo concepto de ciudad que tiene en la inclusión y la regulación sus principales retos

¿Existe la ciudad colaborativa? Todavía no. Ésta es, al menos, la opinión de Albert Cañigueral, experto en economía colaborativa, que define la ciudad como un sistema complejo que compara con el motor de un coche: 'Un motor de coche es complicado, lo componen muchas piezas pero funciona y es predecible. Un sistema complejo no es predecible, lo único que puedes hacer es observar e intentar entender lo que está sucediendo en él'. Es la premisa de la que parte Cañigueral para explicar lo que está pasando en las ciudades: cómo en los últimos años están surgiendo nuevos modelos de consumo, que se basan en el intercambio tradicional, pero planteados desde la tecnología. A ese sistema complejo "se añade el componente digital lo que hace que las interacciones propias de la ciudad se multipliquen de manera exponencial".

Están los ejemplos más conocidos, quizá más visibles, de plataformas que permiten compartir coche o casa. Y otros no tanto, pero igual de novedosos, como los que permiten la distribución de productos locales, el reciclaje de residuos o el intercambio de conocimiento. Éste es el caso de Tutellus, una idea original de Miguel Caballero y Javier Ortiz que a finales de 2011 vieron una oportunidad para montar su propia plataforma de formación online. Tutellus permite juntar a personas que quieren aprender y personas que quieren enseñar. La idea es que cualquiera pueda ser a la vez alumno y profesor y en este intercambio la plataforma sólo desempeña una función, la de poner en común la oferta con la demanda, lejos del planteamiento tradicional en el que la empresa es la que manda.

Según Caballero aún faltan algunos años para que las ciudades colaborativas sean una realidad, cree que será en la próxima década cuando empecemos a ver cambios importantes. La clave, según Caballero, será el cambio de mentalidad. "Nuestro mayor enemigo no es un competidor sino la apatía. Es decir, no saber que existe un determinado tipo de producto. Y desde el punto de vista de la ciudad colaborativa pasa lo mismo. La gente tiene que darse cuenta de que no es necesario comprarse un coche o que no es necesario usar los servicios públicos como lo han estado haciendo hasta ahora".

Otro ejemplo es La Colmena que dice sí, un modelo importado desde Francia hace apenas tres años que permite la venta directa entre productores locales y comunidades de consumidores, sin intermediarios. Aunque su verdadero objetivo es crear comunidad como explica Eva Pulido, dinamizadora de la red en España. Se trata de "volver a los orígenes, empoderando a las personas y tejiendo vínculos sociales". Y ahí es donde radica el éxito de los proyectos colaborativos porque "cubren un vacío de mercado" pero lo importante es "que sepan integrarse en el tejido social y es aquí donde las administraciones tienen que saber desempeñar el papel de mediadoras".

Una realidad, dos velocidades. El problema de la legislación

"La iniciativa ciudadana está desbordando a organismos e instituciones". Según explica Albert Cañigueral el objetivo es social, estos ciudadanos (el ciudadano procomún) busca mejorar su entorno. Y ante esto las ciudades no pueden quedarse al margen. Uno de los principales retos que se plantean es que este nuevo tipo de ciudad colaborativa sea inclusiva, tanto para quienes no tengan acceso a la tecnología como para aquéllos que puedan sentirse perjudicados.

De hecho, la gran piedra en el camino está siendo la legislación. Se están planteando muchos problemas para regular la actividad de estas plataformas colaborativas, sujetas a leyes completamente diferentes dependiendo de cada país, incluso, de cada ciudad. Y algunas especialmente, como es el caso de Airbnb y Uber. Aunque Europa mira con preocupación lo que está ocurriendo, de momento, el último pronunciamiento de la Eurocámara ha sido el de decir lo importante que sería acabar con este vacío legal en tres ámbitos, el laboral para evitar la precarización de los trabajadores de estas empresas, el fiscal para regular su tributación y el que afecta a la protección de los derechos de los consumidores.

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