Donald Trump empieza a aplicar su política antiinmigrantes
Entra en vigor el veto migratorio tras la autorización del Supremo. La Cámara aprueba el recorte de fondos federales para las 'ciudades santuario' y eleva las penas de cárcel para los que vuelvan ilegalmente después de haber sido deportados
El presidente de EEUU, Donald Trump. / CARLOS BARRIA (Reuters)
Washington
A partir de hoy Estados Unidos no acogerá a refugiados de ningún país y prohibirá la entrada a los ciudadanos de Irán, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Sudán, salvo algunas excepciones. Cinco meses lleva peleando Donald Trump por la aplicación de su veto migratorio. Tras el consentimiento de la Corte Suprema, esta noche ha entrado en vigor, aunque de manera parcial, pero es una victoria presidencial que le permite cumplir –al menos momentáneamente- una de sus promesas estrella durante la campaña.
El programa de acogida de refugiados estará suspendido durante los próximos 120 días. El veto a estos seis países de mayoría musulmana, durante 90. El Tribunal Supremo puso excepciones a la prohibición, diciendo que permitiría la entrada a personas que tuvieran una "relación de buena fe" con Estados Unidos, aunque sin especificar bajo qué criterios se cumple este requisito. El Departamento de Estado ha tardado 72 horas en definirlos.
Podrán entrar aquellos ciudadanos de estos países que tengan padres, cónyuges, hijos, hermanos, yernos y nueras en Estados Unidos; los que tengan permiso de residencia en vigor, contrato laboral o permiso académico ya concedido. No podrán entrar los que tengan abuelos, sobrinos o demás familia, y no podrán solicitar ningún tipo de visa.
"Soy iraní-americano y, aunque este gobierno se empeñe, tengo los mismos derechos que un blanco"
Hay alrededor de un millón de personas de origen iraní (uno de los países afectados por el veto) en Estados Unidos. Shayan Modarres es uno de ellos y es además asesor legal del Consejo Nacional Iraní-americano (NIAC, por sus siglas en inglés). Asegura que este veto llena de incertidumbre y de miedo a miles de personas que se pueden quedar en un limbo jurídico como pasó el pasado 27 de enero tras la implementación de la primera versión de esta orden ejecutiva.
Shayan Modarres, iraní-americano y asesor legal del Consejo Nacional Iraní-americano. / MARTA DEL VADO
Pero incluso si la directiva es clara y se aplica sin ninguna complicación, Modarres asegura que el daño ya está hecho. El discurso xenófobo e islamófobo "ya se ha colado por la puerta de atrás". Dice que se está marginalizando a las personas con origen de los países vetados, los están estigmatizando, creando desconfianza hacia ellos cuando viven en Estados Unidos legalmente y contribuyen a la prosperidad del país. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, dice, "soy iraní-americano, soy musulmán, vivo en la costa este y creo que tengo los mismos derechos que un blanco, cristiano de Kentucky. Todos somos estadounidenses y deberíamos tener los mismos derechos más allá de tu origen, tu etnia, tu religión. En eso se ha fundado este país. Aunque estos fundamentos, ideas y principios están siendo atacados ahora confío en que quedará como otro pie de página doloroso en la historia de este país".
La Cámara de Representantes aumenta la presión contra las ciudades santuario y endurece las penas contra los migrantes que vuelvan a EEUU después de haber sido deportados
La Cámara ha aprobado dos proyectos de ley que, para Trump, tienen como objetivo "liberar a las ciudades de terroristas".
La primera, llamada No santuario para actos criminales, suspende fondos federales para las ciudades santuario, aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias haciendo redadas aleatorias, detenciones arbitrarias y deportaciones sin orden judicial.
La segunda es conocida como Ley Kate, que recibe el nombre de Kate Steinle, que murió en 2015 en San Francisco cuando un indocumentado, con antecedentes penales, disparó al suelo, la bala rebotó en el pavimento y alcanzó a la chica hiriéndola de muerte. El hombre fue deportado en cinco ocasiones antes de ese episodio. Esta ley pretende imponer penas de hasta diez años de cárcel a los inmigrantes que vuelvan a Estados Unidos ilegalmente después de haber sido deportados.
Ambas normas tienen que ser todavía aprobadas en el Senado, que controlan los republicanos con 52 escaños, 46 tienen los demócratas y dos independientes. Pero Trump lo interpreta ya como una victoria necesaria, según él, para garantizar la "seguridad nacional, proteger a las familias, la policía y la vida de los estadounidenses". En definitiva, una vuelta de tuerca más al peligroso y vil discurso de este presidente que equipara indocumentado con criminal, inmigrante con delincuente.
