Aprobado el nuevo canon digital
La compensación por copia privada se cargará en los móviles, CD y memorias USB
(Getty Images)
Madrid
En junio de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declaró ilegal y, en noviembre, nuestro Tribunal Supremo lo declaró nulo. Con la aprobación hoy de un nuevo decreto ley, el Consejo de Ministros resuelve esa situación y modifica el canon ajustándolo al derecho comunitario.
El pago a los autores por las copias privadas de sus obras se cargará en los móviles, CD y memorias, pero con excepciones sobre quién deberá hacerlo. Estarán exentas del pago empresas y administraciones públicas, y las personas físicas y jurídicas podrán pedir un reembolso si demuestran el fin profesional de las copias que realicen.
"El decreto ley que hoy presentamos lo que hace es sustituir el actual modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, acompañado de un mecanismo efectivo de exceptuaciones y desembolsos", ha dicho el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.
El Real Decreto-Ley fija una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo. Transcurrido un año se regulará mediante Real Decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado. A modo de ejemplo, el ministerio de Cultura señala que por un teléfono móvil o smart-phone los fabricantes abonarán 1,10 euros y por un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, 3,15 euros. Se gravan a los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantías más baja.
Por su parte, ADEPI, la asociación que agrupa a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual de autores, editores, artistas y productores españoles -Cedro, Aisge, Agedi, AIE, SGAE, Egeda, DAMA, y Vegap- considera "una buena noticia" que, a pesar de hacerlo con un año de retraso, el Gobierno adapte esta normativa al derecho comunitario y corrija "la situación de ilegalidad en la que se encuentra España", en la línea con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en junio de 2016 declaró ilegal el sistema español sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y del Tribunal Supremo de España, que el pasado 11 de noviembre lo declaró nulo.
