¿No tienes cuenta?

Regístrate

¿Ya eres usuario?

Entra en tu cuenta

O conéctate con

Unidos Podemos pide que se supriman las ayudas fiscales a la Iglesia tras la sentencia europea que cuestiona su legalidad

Registra una iniciativa en el Congreso para eliminar la casilla del IRPF y exigir a la Iglesia Católica el pago del IBI y resto de impuestos, estableciendo un plazo para su completa autofinanciación a cargo de sus fieles

Nuestra Señora da Barca, de Muxía /

La proposición no de ley que firman el portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, junto a los diputados Ricardo Sixto y Josep Vendrell plantea la “denuncia de los Acuerdos entre España y la Santa Sede” tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual “las exenciones fiscales a la Iglesia católica en el Estado español pueden constituir una ilegalidad en forma de ayudas estatales prohibidas si se otorgan para actividades económicas”. La Justicia europea responde así ante el litigio entre el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) y un colegio religioso del municipio que había pedido la devolución de cerca de 24.000 euros pagados en concepto de impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por una reforma efectuada. El Ayuntamiento desestimó la devolución del tributo al considerar que la obra no abarcaba espacios con una finalidad religiosa.

En la iniciativa, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea señala que, según la organización Europa Laica, “el Estado español aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales” y remarca especialmente la importancia de la exención fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), “ya que se trata de un impuesto de carácter municipal que grava la propiedad de bienes inmuebles rústicos o urbanos y cuya recaudación supone ingresos importantes para las administraciones locales”.

Los firmantes de la iniciativa parlamentaria consideran que esta situación de privilegio de la que disfruta la Iglesia católica en España supone, además de una excepción en el entorno europeo, una clara vulneración del principio constitucional de no confesionalidad del Estado. “La práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas”, señala el texto que también reclama “mecanismos que permitan que las distintas ayudas públicas que reciban las confesiones religiosas, incluida la católica, sean transparentes y estén sujetas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas”.

Cargando
Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?