El presidente del Constitucional pone en alerta a los magistrados para tumbar la ley de desconexión en 48 horas

Madrid

Agosto será el mes clave para la batalla judicial que dirimirá el Constitucional contra el desafío independentista del Gobierno catalán. Por ello, el presidente de ese órgano, Juan José González Rivas, ya ha transmitido a los magistrados la necesidad de estar localizables en verano y con la posibilidad de acudir a la llamada del tribunal en un plazo de 48 horas. El motivo, la ley de ruptura que previsiblemente aprobará la Generalitat ese mes y el posterior recurso del Gobierno para suspender su aplicación por inconstitucional.

El Ejecutivo tendrá que aprobar la interposición del recurso en un Consejo de Ministros con los informes del Consejo de Estado y del Abogado del Estado. De ahí el plazo de 48 horas. La semana del 17 de julio se celebra el último pleno del Constitucional antes de las vacaciones de verano.

Los magistrados del Tribunal Constitucional han resuelto, desde que González Rivas asumió la presidencia, todos los asuntos pendientes relacionados con el desafío independentista y todos han salido adelante por unanimidad. Ocho sentencias en las que el tribunal de garantías ha fijado los porcentajes y las reglas para el uso del catalán en comercios y cines; ha anulado la consejería de exteriores de la Generalitat y la partida presupuestaria prevista para organizar el referéndum secesionista. El alto tribunal también ha fallado a favor de que el PDeCAT tenga grupo propio en el Senado.

La sentencia que anula parcialmente la ley de presupuestos de la Generalitat es la más importante. Cierra la posibilidad de que la Generalitat y las empresas interesadas en participar en la organización del referéndum puedan hacerlo porque apunta a un presunto delito de malversación de caudales públicos y no ya de desobediencia. Los primeros como autores y los segundos como cooperadores necesarios. La sentencia estableció que “corresponde a este tribunal velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones” y que “autoridades y funcionarios” deben “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir el fallo de esta sentencia”.