Nuevas pruebas apuntan al papel clave de Ignacio González en el saqueo del Canal Isabel II

Madrid

El Canal Isabel II ha puesto en conocimiento del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el contenido de un expediente disciplinario abierto a los imputados en la operación Lezo María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de esta empresa pública; al exdirector general, Adrián Martín; y a otro antiguo alto cargo, Fernando Cevallos.

La investigación llevada a cabo por la sociedad fue abierta el pasado 5 de mayo, concluida el 13 de julio, y resulta letal para los intereses del expresidente autonómico y supuesto líder de la trama Lezo, Ignacio González, así como para su mano derecha y expresidente de la filial latinoamericana del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino, y para la propia Richmond.

El escrito del Canal al juzgado, de 28 páginas y al que ha tenido acceso la SER, no solo aporta nuevas evidencias sobre la irregular y opaca adquisición de la empresa brasileña Emissao, que supuso un agujero de al menos 25 millones de euros para el erario público, sino que proporciona a los investigadores tres nuevos indicios sobre el papel capital de Ignacio González en la operación.

Los tres nuevos indicios contra Ignacio González

Los autores del informe concluyen en su relación de “hechos probados” que el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, trataba “directamente” con Ignacio González la “adopción de las decisiones” sobre la inversión en Latinoamérica.

Añaden que según manifestó la propia María Fernanda Richmond a un empleado del Canal, fue Ignacio González quien “recomendó” al asesor externo Francisco Ruiz Muñoz para el fraudulento estudio de mercado en Brasil que fue clave en la compra de Emissao, cuando “no consta” que su empresa Cetus Consulting estuviera especializada en estudios globales de mercado, carecía de empleados, y solo tenía el año de la adjudicación unos ingresos de 12.000 euros.

Además, en los archivos del Canal, “no consta el contrato ni la persona que formalmente decide” la adjudicación a Ruiz Muñoz y a su empresa sin asalariados, para ejecutar la operación.

El tercer nuevo indicio que implica a Ignacio González es que en diciembre de 2012, tres meses después de que el expresidente autonómico hubiera dejado la presidencia del Canal, aún utilizó a su secretaria, Amparo Torremocha, para que hiciera “de enlace” entre la dirección general de la empresa pública y la privada Essentium, que construyó la ingeniería financiera en paraísos fiscales para ocultar los pagos a Emissao y sus irregularidades contables.

Adquirida pese a las sospechas de corrupción

El documento incide en que Rodríguez Sobrino, quien reportaba cualquier operación a González; Adrián Martín; y María Fernanda Richmond, fueron los principales responsables de la ruinosa compra de Emissao, “ocultándola” al consejo de administración del Canal Isabel II, a pesar de que dos informes, elaborados por la propia empresa pública y la auditora KPMG, les habían advertido entre tres y seis meses antes de la compra de los “graves riesgos” de adquirir la sociedad brasileña. Estos informes alertaban de que Emissao carecía de “contabilidad y control” alguno sobre sus cuentas, y que la sociedad brasileña solía pagar “comisiones a terceros para conseguir contratos públicos”.

Además, la auditora privada ya advirtió de que el precio de Emissao, por el que acabaron pagándose 36.190.808 euros, estaba sobrevalorado, y censuró que los responsables devolvieran al propietario brasileño los tres millones del aval que depositó para contingencias, a cambio de acciones.

Un año después de gastar casi 36.2 millones del erario público en la compra de Emissao, esta sociedad brasileña solo valía 5 millones.

Ocultación de las evidencias

Rodríguez Sobrino y Richmond también tuvieron un papel fundamental en las maniobras para camuflar adquisición de Emissao a través de una empresa uruguaya, y para ejecutar parte de los pagos al antiguo propietario brasileño a dos cuentas en Suiza.

En realidad, los investigadores están convencidos de que la organización criminal, encabezada por Ignacio González, sabía que se trataba de una operación ruinosa, pero fue ejecutada para enriquecerse mediante el saqueo del Canal Isabel II.

Esta situación era conocida por los sospechosos, según el despacho del Canal al juzgado, pero nunca fue trasladada al consejo de administración de la empresa pública, según el mismo documento.

Tanto María Fernanda Richmond, que estuvo en prisión hasta el pasado 7 de julio; como Adrián Martín, y Fernando Cevallos, están suspendidos de empleo, pero no de sueldo, en el Canal Isabel II.