La comisión de la 'policía patriótica' concluye que ésta se utilizó para perseguir a los adversarios políticos

Madrid

Cuatro meses de trabajo, cinco comparecientes y un dictamen final con cuatro conclusiones al que el PP se ha opuesto y del que Ciudadanos se ha abstenido. A primera hora de esta tarde los grupos han aprobado un informe final que recoge principalmente las conclusiones del Partido Socialista que subraya que "se creo una estructura policial bajo la dirección de Cosidó y el comisario Pino con el fin de obstaculizar la investigación de los casos de corrupción que salpicaban al PP y para hacer un seguimiento, investigación y en su caso persecución del resto del partido".

Todos los grupos coinciden en que hubo maniobras "irregulares" sin autorización judicial que intentaron obstaculizar "los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y perseguir a los adversarios políticos". Todos a excepción del PP creen que hubo una persecución política a dirigentes nacionalistas catalanes y se apoyan en las grabaciones que fueron filtradas a los medios en las que Fernandez Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude Catalana, Daniel de Alfonso, hablaban de conseguir munición informativa para destapar presuntos casos de corrupción de dirigentes nacionalistas catalanes. De hecho, en las conclusiones del PSOE, a las que ha tenido acceso la Cadena SER se señalan dos cosas como claves. La primera que el que fue jefe de gabinete del exDAO, José Ángel Fuentes Gago, viajó a Suiza en un avión oficial con otros cuatro agentes policiales para corroborar una cuenta que Xavier Trias tenía según un medio de comunicación y que después resultó ser falsa. La segunda clave para el PSOE es que esta "estructura policial se creó bajo las instrucciones del que fue exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, por orden del que fue director adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino".

En tercer lugar los miembros de la comisión han querido dejar claro que estas maniobras fuera de la ley eran realizadas por un grupo reducido de agentes y que en ningún momento se ha juzgado a la policía. Finalmente el dictamen considera que Interior ha retrasado de modo injustificado la entrega de documentos a la comisión.

Podemos habia solicitado remitir a la fiscalía los indicios de utilización partidista del Ministerio del Interior, pero la iniciativa no ha salido adelante por el voto en contra del PP, PSOE y Ciudadanos. La formación de Pablo Iglesias y ERC ya han anunciado su intención a título particularde presentar sendas querellas ante la Fiscalia porque consideran que las actividades de Interior en la epoca de Fernández Díaz fueron ilícitas.

Este grupo habla directamente de la utilización de fondos públicos para destruir al adversario político e influir en la opinión pública y se apoya en unas declaraciones del fiscal Horrach que calificó las conversaciones entre el exministro Fernández Díaz y De Alfonso como "un ejemplo de utilización perversa de las instituciones con fines políticos, un atentado a la base del sistema democrático". También en las conclusiones de Podemos  se subraya lo que afirmó la Fiscalía de Barcelona que aseguró que estas conversaciones manifiestan la intención de los interlocutores de promover acciones sobre determinadas personas como Oriol Junqueras y su familia para poner en duda su honorabilidad y afectar a la agenda política".

El grupo de Pablo Iglesias señala también la "sospecha de que desde la policía no se quiso esclarecer el asunto de la grabación. No se analizaron las grabaciones ni se llamó a declarar a los responsables de seguridad del ministerio ni de la policía. Podemos también denuncia los montajes policiales que se hicieron en su opinión contra Pablo Iglesias y la formación política Unidos Podemos. Como ejemplo hablan del falso pago en el Euro Pacific Bank y del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un informe que llegó a los medios de comunicación sin membrete oficial y sin firma de ningún agente policial y que ante la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a admitirlo a trámite fue finalmente presentado en el Tribunal de Cuentas con un escrito en el que ya si estaba la firma del que fue jefe de la UDEF, Manuel Vázquez.

Podemos ha sido uno de los grupos parlamentarios junto con Esquerra Republicana que más ha denunciado la "pinza política" que en su opinión han diseñado y han pactado Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos para liquidar esta comisión de investigación sobre lo que ellos llaman "cloacas de Interior". Al final esta comisión se cierra con cinco comparecientes. Ahora la justicia seguirá dirimiendo si hubo o no policía patriótica.