Ignacio González pide la libertad ante el "grave deterioro físico y psíquico" que le causa la prisión

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en prisión incondicional desde el pasado 21 de abril, al ser considerado el supuesto cabecilla de la operación Lezo, ha presentado un escrito ante el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que solicita al magistrado Manuel García Castellón que le deje en libertad bajo fianza.

González aduce que tal y como pudo comprobar el juez cuando declaró a petición propia el pasado miércoles, se puso de manifiesto “el grave deterioro físico y psíquico” que le ha provocado la prisión, y la “afectación” que esta “gravosa medida” le está causando en su “integridad moral”.

Ignacio González afirma que está totalmente conjurado el riesgo de fuga porque carece de bienes o disponibilidad económica en el extranjero, y tiene un “fortísimo” arraigo “personal y familiar” en España. En este punto recalca que tiene esposa y tres hijas “dos de ellas con trabajo estable y una estudiando aún”, así como dos padres de “avanzada edad y movilidad reducida” de los que González “en modo alguno pretende separarse” y que sufren un “daño indirecto añadido”. El expresidente madrileño explica que sus padres están “impedidos de desplazarse” hasta la prisión de Soto del Real y “temen que por su avanzada edad puedan no volver a verle”.

Ignacio González recuerda al juez que existen múltiples medidas para controlar a un imputado mucho menos gravosas que la prisión provisional, como la interposición de una fianza, la colocación de una pulsera de seguimiento, la prohibición de aproximarse o comunicarse a terceras personas o lugares concretos, la intervención de sus comunicaciones o cualquier otra, como que le corten la wifi, y pide que se las apliquen.