El Congreso cierra el curso político con mucho ruido y pocas leyes

Madrid

El balance parlamentario se podría resumir con el refrán “mucho ruido y pocas nueces”. Mucho ruido, moción de censura incluida, pero muy pocas nueces en el balance legislativo pese al intenso trabajo parlamentario de los grupos. El Congreso cierra el primer año de legislatura con apenas 8 leyes aprobadas y ninguna de ellas para derogar o revertir las políticas del PP que ha logrado mantener a salvo sus leyes más polémicas abonándose al veto parlamentario. Con el argumento de que implican un aumento de gasto ha batido un récord histórico al bloquear 37 leyes de la oposición, entre ellas la subida de las pensiones, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad o la supresión de las tasas judiciales.

La oposición sí ha logrado que se inicie la tramitación de 25 leyes que, sin embargo, siguen en un cajón porque el PP dilata su puesta en marcha mediante la petición de prórrogas sucesivas en el trámite de enmiendas. En consecuencia iniciativas como la subida del salario mínimo a 800 euros al mes para 2018, la suspensión de la LOMCE, la derogación de la ley mordaza o de las restricciones impuestas a la justicia universal siguen sin ver la luz en el BOE y por tanto sin entrar en vigor. En la misma situación están dos iniciativas legislativas populares cuya toma en consideración se aprobó hace meses: la de los sindicatos para dotar de un ingreso mínimo de 426 euros a parados sin ingresos y la que pide revisar el copago en dependencia.

De las 19 comisiones de investigación pedidas se han puesto en marcha tres: la recién finalizada sobre la policía política en Interior, y las del rescate financiero y la financiación ilegal del PP que continuarán hasta diciembre.

Los grupos han registrado casi 14.000 preguntas al Gobierno por escrito y 2.500 proposiciones no de ley, aunque solo se ha debatido y aprobado una cuarta parte. Son iniciativas que instan al Gobierno a tomar decisiones, entre ellas ha salido adelante alguna tan llamativa como trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero no son vinculantes por lo que el Ejecutivo no está obligado a llevarlas a la práctica.