No hay acuerdo: huelga indefinida en El Prat
Los trabajadores de Eulen rechazan la propuesta de la Generalitat e irán a una huelga indefinida que comenzará a partir de la medianoche de este domingo
Un total de 187 trabajadores de Eulen, sobre un total de cerca de 400, han participado en la votación, que ha arrojado el siguiente resultado: 150 votos en contra de la propuesta -que preveía una subida de 200 euros mensuales en doce pagas-, 36 a favor y un voto nulo
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Colas en el Aeropuerto de El Prat por la huelga de trabajadores de Eulen. / Alejandro García (EFE)
Barcelona
Tras una semana agitada y conflictiva los trabajadores de Eulen en El Prat han rechazado la propuesta de la Generalitat, la misma que ya rechazaron este jueves y que contó únicamente con dos votos. La medida contemplaba un complemento de 200 euros al mes en 12 pagas y ha sido rechazada por 150 votos contra 36.
La presencia de guardias civiles se incrementará aún más a partir de mañana tras la decisión de los trabajadores de Eulen, reunidos durante todo el día de hoy, tal y como anunció el ministro De la Serna, que aseguró que el Gobierno haría lo que hiciese falta para garantizar la seguridad en el aeropuerto de Barcelona.
La Delegación del Gobierno en Cataluña ha decretado unos servicios mínimos del 90 por ciento para la huelga, de cara a "garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales".
El abogado de los trabajadores ha explicado a la prensa que la huelga no genera problemas de seguridad para los viajeros. "Solamente habrá molestias y retrasos, pero no problemas de seguridad", ha explicado Leopoldo García Quintero, que ha criticado la decisión del Gobierno de usar a la Guardia Civil en El Prat ya que vulnera el derecho a la huelga de los trabajadores de Eulen. García Quintero ha denunciado la "arrogancia" del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático" al "amenazar" con el laudo arbitral. A su juicio, "no se dan las condiciones" para un arbitraje obligatorio "mientras no se quiebren los servicios mínimos", fijados en un 90%, que ha calificado de "abusivo".
En opinión del abogado, este arbitraje obligatorio se impondría en virtud de "una ley franquista" cuyo "vigor ha quedado claramente desautorizado por las sentencias del Tribunal Constitucional". "La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga", ha denunciado.
