Sánchez busca implicar al PP en una comisión sobre el modelo territorial

Madrid

El PSOE abre la vía política sobre Cataluña. El Pleno de la Ejecutiva socialista se reúne este lunes ya con su anunciada batería de iniciativas en el orden del día. Pedro Sánchez y los suyos dicen perseguir un objetivo: dar una respuesta política a la amenaza de ruptura de Cataluña. Entre las medidas que los socialistas van a lanzar se encuentra la creación de una comisión de estudio sobre el modelo territorial y el posible desarrollo del Título VIII de la Constitución, para cuya activación los socialistas quieren seducir a todos los partidos, especialmente al Partido Popular. En los planes del PSOE está abrir una ronda de contactos con las fuerzas políticas para darles a conocer sus propuestas y recabar apoyos que las hagan viables.

El pasado 14 de julio, las ejecutivas del PSOE y PSC se reunieron en la capital de Cataluña y aprobaron la que denominaron como Declaración de Barcelona. Fijaron tres objetivos: realizar una oferta política para evitar el "choque de trenes" el próximo 1 de octubre, implementar iniciativas parlamentarias para desbloquear "los más de cinco años de discriminación del Ejecutivo a Cataluña" e iniciar los trabajos para una reforma federal de la Constitución española. En este último punto, los socialistas incluyen la necesidad de "avanzar hasta reconocer plenamente el carácter plurinacional" del Estado y, en concreto sobre Cataluña, defienden el reconocimiento de sus "aspiraciones nacionales".

Todo esto es lo que los socialistas pretenden poner sobre la mesa de esa comisión de estudio en el Congreso de los Diputados, de carácter no permanente. Se crearía atendiendo a la letra del artículo 53 del Reglamento de la Cámara, que establece que su constitución "podrá acordarse por la Mesa del Congreso, a iniciativa propia, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces".

Ronda de contactos para seducir a los partidos

En línea con su Declaración de Barcelona, que plantea que el "órgano parlamentario" que se active ha de estar "avalado  por un amplio grado de acuerdo", el PSOE va a celebrar una ronda de contactos con los partidos, con la mirada puesta de forma muy especial en el PP. Llevan años acusando al partido del gobierno de no mover un dedo para buscar un espacio de diálogo que facilite el encaje de Cataluña, pero el éxito de la iniciativa del PSOE depende de su capacidad de que se sumen los otros y, sobre todo, el partido mayoritario sin el que una reforma de la Constitución es una quimera.

Es la Mesa del Congreso (controlada por la mayoría de PP y Ciudadanos) la que tiene la sartén por el mango para impulsar o no la creación de la comisión de estudio, aunque previa audiencia en la Junta de Portavoces donde habrá una mayoría que reclamará, según calculan los socialistas contando con la aquiescencia de los naranjas, que se abra este espacio de diálogo en la Cámara. De hecho, el formato que finalmente va a sacar adelante la Ejecutiva del PSOE de este lunes, es menos acotado que el que, en principio, manejaron los socialistas e incluyeron en la citada Declaración de Barcelona como opción preferente: una Subcomisión sobre la Reforma de la Constitución. En la reunión que Pedro Sánchez mantuvo con Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en junio pasado, ambos líderes estuvieron de acuerdo en impulsar la reforma de la Carta Magna en otoño, aunque con discrepancias claras sobre cómo hacerlo: el PSOE apostaba por darle entidad parlamentaria a esos trabajos en el Congreso y Ciudadanos prefería articular una mesa de partidos, sin anclaje institucional. Ahora el PSOE ofrece un formato intermedio: una comisión en el Congreso, sí, pero de carácter no permanente y, por tanto, de menos voltaje político.

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La posibilidad de que Ciudadanos ceda pueda ayudar a arrastrar a sus socios del Partido Popular, según estiman algunos socialistas. La clave, admiten distintos dirigentes del PSOE, está en los tiempos porque el Gobierno y sus socios no quieren que antes del 1 de octubre haya ningún tipo de movimiento que distraiga la atención de lo que consideran prioritario: frenar el desafío independentista con los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico.

En este frente, en la batalla jurídica, el Gobierno ya cuenta con la complicidad expresa de la dirección de Sánchez que, no obstante quiere explorar las opciones políticas aunque en el propio PSOE ha habido un amplio debate sobre la oportunidad de los plazos. El análisis que hacen Pedro Sánchez y su equipo cercano es que después del 1 de octubre se abre un nuevo escenario y que el PSOE está obligado a lanzar un mensaje a la sociedad de que, en medio de la amenaza rupturista y del peso de la ley, hay una apuesta por la política y por abrir espacios para el diálogo. Por eso se reúne la Ejecutiva del PSOE este lunes coincidiendo con el inicio del curso político. Otra cosa es que se vaya a poner en marcha el mecanismo parlamentario antes de la fecha fijada para el referéndum. "Nosotros podemos registrar la propuesta y dependerá de la Mesa la agilidad con la que se active la comisión", admiten en Ferraz donde distintos dirigentes consultados ven muy improbable que puedan abrirse los trabajos antes del 1 de octubre.

En caso contrario (en caso de que antes del referéndum se abra el melón en el Congreso de si se puede o no empezar a estudiar el desarrollo del modelo territorial) hay socialistas que entienden que se exponen a un gran riesgo: "Si no hay acuerdo, si ponemos por delante este tema de crear una comisión de estudio y fracasa, estamos dando un balón de oxígeno a los independentistas. Podrán decir que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en poder hablar del modelo territorial y nuestra medida tendrá un inmediato efecto boomerang", explican quienes se abonan a esta teoría que, en principio, eran partidarios de mantener un perfil bajo, de apoyo sin fisuras al Gobierno, hasta el 1 de octubre. Sin más.

Ejecutiva y propuestas de la Ejecutiva habrá aunque, por el momento, el PSOE llega a este punto sin un trabajo previo de tanteo para ver cuánta agua hay en la piscina. Lo previsible, según fuentes de Ferraz, es lo haga después de la reunión de este lunes a distintos niveles: la portavoz parlamentaria Margarita Robles, con sus homólogos en la Cámara, y Pedro Sánchez, reforzando sus gestiones con los líderes. Está por ver, de todos modos, que el líder del PSOE vaya a reunirse de nuevo con todos ellos (ya lo hizo tras su reelección) o si optará por una labor discreta de allanamiento del terreno, como parece más probable a las distintas fuentes consultadas.

Recuperar inversiones y artículos del 'Estatut'

La traslación de la Declaración de Barcelona a iniciativas parlamentarias no se limita a la reforma constitucional y los objetivos que ésta persigue (reconocimiento de las aspiraciones nacionales, nuevas reglas de reparto competencial que mejoren el autogobierno, un acuerdo sobre la financiación autonómica y establecimiento de un Senado federal) sino que afecta a otros ámbitos que tienen que ver con la relación de Cataluña con el Gobierno. Para dar cumplimiento a ese documento, los socialistas se comprometen a hacer suyas todas las reivindicaciones que el presidente de la Generalitat trasladó a Mariano Rajoy en abril de 2016, a excepción de la celebración del referéndum. Ahí se incluían 46 puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el voto de los residentes en el exterior o el respecto al modelo de escuela catalana que el PSOE está dispuesto a traducir en "iniciativas concretas" en la Cámara que, por lo pronto, deberían propiciar el acercamiento a las formaciones independentistas, Pdcat (antigua Convergencia) y ERC.

Del mismo modo, la batería de propuestas que hoy desvelará Ferraz incluirán medidas para constitucionalizar algunos puntos del Estatut que fueron declarados inconstitucionales por cuestiones legales "de forma y no de fondo", tal y como expresa la Declaración de Barcelona. Se refieren, por ejemplo, a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial "incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial" o la derogación de la reforma local de 2013, permiento que la nueva norma reconozca las veguerías catalanas como entidad local distinta. También plantearán una proposición de ley en las Cortes que obligue al Gobierno central a acordar con la Generalitat las inversiones estatales en Cataluña así como una proposición de ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüistica en España.

Los socialistas trabajan además en un paquete de iniciativas que no tienen naturaleza legislativa, son proposiciones de impulso a determinadas cuestiones como la prórroga de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Cataluña, según el cual, durante 7 años, los recursos que el Estado tenía que destinar en su capítulo de inversiones en esa comunidad autónoma tenían que ser equivalentes a la participación territorial en el conjunto del PIB del Estado. Pedirán además al Gobierno reivindicaciones históricas del PSC, que año tras año han incorporado a las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como la finalaización del Corredor Mediterráneo, las conexiones de los puertos de Cataluña con el ferrocarril de ancho UIC o la mejora de la red de cercanías del ferrocarril.

Por el catalanismo y la España federal es el documento en el que están previstas todas estas políticas que el grupo socialista quiere que centren su actividad en este nuevo curso. De hecho, Pedro Sánchez pretende capitalizar su iniciativa sobre Cataluña en un contexto en el que ningún partido ha puesto sobre la mesa una alternativa, eso sostienen en Ferraz. "La sociedad demanda que se abra un espacio de diálogo", añaden en la dirección socialista que consideran que, sirvan o no para atraer a Cataluña a la legalidad, sus movimientos sí que le darán ventaja ante la opinión pública.