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Referéndum 1 de Octubre

La Fiscalía se querella contra Puigdemont y Forcadell por desobediencia y prevaricación

Pide que sean citados como investigados por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, el presidente Puigdemont y todo su Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la mesa

Madrid

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado a mediodía de este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las querellas criminales contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y su Gobierno por la convocatoria de referéndum del 1 de octubre, así como contra los miembros de la Mesa del Parlament que facilitaron la tramitación de la ley del referéndum.

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La querella va dirigida contra los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica y otra, contra el presidente de la Generalitat y el resto del Gobierno por los decretos de convocatoria y organización del referéndum.

La querella contra el Govern

En la querella presentada contra el Govern, la Fiscalía pide al TSJC que se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados", incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije. 

El fiscal considera que el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern que estamparon su firma en el decreto de convocatoria pueden haber cometido los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, y pide a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra que adopten las medidas necesarias para impedir el referéndum.

Querella contra Forcadell por su "contumaz deseo de incumplir la ley"

La otra querella de la Fiscalía Superior de Cataluña ha sido contra la presidenta del Parlament catalán, Carmen Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir las leyes del Referéndum y Transitoriedad por "su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales".

Les achaca delitos de "desobediencia grave cometida por autoridad pública", prevaricación y malversación, este último tipificado con penas de prisión.  "La conducta de Carme Forcadell que, como presidenta del Parlament y junto con el resto de los miembros de la Mesa querellados, rechazaron las reconsideraciones a la tramitación de las dos proposiciones de leyes permitiendo su inclusión en el orden del día y finalmente su aprobación, evidencian su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales", afirma el escrito.

Escrito de la Fiscalía del TSJC.

Escrito de la Fiscalía del TSJC. / CADENA SER

Escrito de la Fiscalía del TSJC.

Escrito de la Fiscalía del TSJC. / CADENA SER

La Fiscalía pide que se tome declaración como investigados a Forcadell y a los otros cuatro querellados: Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, de Junts pel Si, y Joan Josep Nuet, de Catalunya Si Que Es Pot.

Reclama también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro, al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona; al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra, y a su secretario segundo, David Pérez.

La Fiscalía pide cerrar webs del referéndum

La Fiscalía ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando "una apariencia de cobertura legal" al referéndum de independencia y que impongan fianzas si es necesario a los miembros del Govern para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.

Si el prestador de servicios está radicado fuera de España, se requerirá a los prestadores de servicios de intermediación que se impida acceder a esas webs desde España. En cuanto a los medios de comunicación, solicita que se envíe un oficio a los directores de todos los que tengan sede en Cataluña, ya sean escritos o audiovisuales, públicos o privados, apercibimientos legales para que impidan la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el 1-O.

 
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