Protección de Datos investiga un posible acceso ilícito para hacer el censo catalán
Esta actuación se produce después de que la Agencia haya recibido una denuncia de un ciudadano
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Carteles del referéndum ilegal del uno de octubre. / ALBERT GEA Reuters
Madrid
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto "actuaciones previas de investigación" tras la denuncia remitida el pasado 8 de septiembre por un ciudadano sobre un posible acceso ilícito a bases de datos estatales para la elaboración del censo de la consulta del 1 de octubre.
La Agencia ha pedido información al Instituto Nacional de Estadística, a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el ministerio de Sanidad sobre los acceso a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los Ayuntamientos de Cataluña.
A través de un comunicado la AEPD explica también que ha derivado la denuncia a la Agencia Catalana de Protección de Datos que es la competente para investigar y, "en su caso, declarar infracciones" respecto de los ficheros creados o gestionados por los organismos públicos de Cataluña y a la que ha remitido también un informe en el que señala la "ausencia de base legal" para la utilización de determinados datos para crear un censo de cara a la consulta. Según ese informe la Generalitat no puede usar los datos del padrón municipal, ni los datos fiscales, ni la información de las tarjetas sanitarias de los catalanes, ni siquiera una copia del censo de las últimas elecciones en Cataluña para realizar el censo. Esos datos, señala el documento, están protegidos por distintas leyes desde la Ley Orgánica de Protección de Datos, a la Ley electoral o la Ley de Estadística de Cataluña. También recuerda que su uso contravendría las resoluciones del Tribunal Constitucional.
La AEDP pide a la Agencia Catalana que le remita la información que pueda recabar y, en particular, la relacionada con el origen de los datos, para incorporarlas a su investigación.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales prevé sanciones de hasta 600.000 euros para infracciones muy graves. Además en el caso de archivos de titularidad pública, como es este caso, la norma plantea la posibilidad de "proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las Administraciones Públicas".
