Maza pide investigar las coacciones contra alcaldes que no colaboran con el 1-O

Madrid

El fiscal general del Estado ha ordenado a las fiscalías de Cataluña que se investiguen las campañas de odio, las amenazas y las coacciones dirigidas a los alcaldes, funcionarios y particulares que se oponen a colaborar en el referéndum ilegal de autodeterminación.

El fiscal quiere que estas pesquisas se promuevan "con eficacia y celeridad" para actuar penalmente contra los autores de esas conductas. Jose Manuel Maza advierte a los fiscales que procedan ante cualquier 'notitia criminis", ya sea por denuncia de los ofendidos, o por cualquier otra vía entre las que cita, por ejemplo, las noticias sobre estas conductas que aparecen en los medios de comunicación.

Estas campañas, a juicio del fiscal general, pueden tener relevancia desde el punto de vista penal "en cuanto se estaría promoviendo la hostilidad hacia determinadas personas, por motivos ideológicos o políticos, responsabilizándolos directamente ante los ciudadanos de impedir un supuesto ejercicio del derecho a la autodeterminación".

Todas estas conductas, concluye el fiscal general, "suponen un ataque contra la pacífica convivencia en Cataluña y una grave perturbación de derechos, no sólo de las personas directamente destinatarias de las amenazas, sino de la población en su conjunto, en cuanto lanzan un mensaje coactivo general dirigido a todas las autoridades, funcionarios y defensores del Estado de Derecho y del ordenamiento constitucional".

Ayuda policial

Añade que a tal efecto los fiscales podrán solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Mossos d'Escuadra, Guardia Civil o Policía Nacional- a fin de que elaboren los correspondientes atestados en los que se indiquen los lugares en los que se están produciendo estos hechos, así como su posible autoría. Faculta igualmente a las autoridades fiscales y policiales a proceder a la retirada de los carteles y pasquines intimidatorios.

Maza recuerda que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares dirigida a promover el referendum es indiciariamente constitutiva de "al menos" los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, este último penado con hasta 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

"Ningún ciudadano puede sufrir efecto negativo alguno por el estricto cumplimiento de la ley", añade el oficio, que a continuación alude a las noticias aparecidas en los últimos días sobre campañas encaminadas a "señalar" a determinados responsables municipales, funcionarios y particulares por su negativa a incumplir la ley.