El Constitucional multa con 12.000 euros diarios al 'número dos' de Junqueras
Multa también a Montserrat Vidal. Ambos han sido sancionados como jefes de la administración en Cataluña y por los nombramientos que hicieron para la Sindicatura
Madrid
El Constitucional ha multado con 12.000 euros diarios al 'número 2' de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales encargados el seguimiento del referéndum ilegal, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.
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Las multas son de dos diferentes cuantías y, así, se imponen 12.000 euros diarios a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral central, además de a Jové; y se castiga con 6.000 euros a los quince síndicos territoriales y también a Montserrat Vidal i Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat.
Josep María Jové fue detenido este miércoles en la operación dirigida a evitar el referéndum ilegal. La sanción la imponen por su desobediencia reiterada al tribunal. Jové (Barcelona, 1975) es además presidente del consejo nacional de Esquerra (ERC).
La conselleria de Economía, ha estado detrás del diseño de los preparativos del referéndum ilegal y ha nombrado y coordinado al equipo de secretarios generales y altos cargos del Govern para la organización del uno de octubre.
El pasado mes de abril, el Tribunal Constitucional le advirtió, junto a otros tres altos cargos, y le pidió que se abstuviera de "iniciar, tramitar, informar o dictar cualquier acuerdo" relacionado con las partidas presupuestarias suspendidas o con cualquier otra, "incluida el fondo de contingencia", que pudiera servir para impulsar el referéndum.
Cuándo y cómo se cobran
El tribunal señala que “las multas -cuya finalidad no es la de sancionar, sino la de obligar al cumplimento de sus resoluciones-, sólo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la resolución de este jueves.
Para evitar que la multa se haga efectiva el tribunal entiende que los sancionados deben revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, la comunicación de tal revocación a sus destinatarios y la renuncia de los síndicos a sus cargos.
El encargado de cobrar las multas es el Ministerio de Hacienda que a través de la Agencia Tributaria puede recaudar el dinero en la forma que mejor dispongan sus técnicos, bien retenerlo de las nóminas, embargando bienes hasta la cuantía impuesta o bloqueando el dinero de las cuentas bancarias de los sancionados.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
